Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) acompañamos el planteo hecho por el presidente de la Corte de que el nuevo Código Civil debe comprender a todas y todos, pero insistimos en que es necesario avanzar cuanto antes en la eliminación de privilegios de la iglesia católica, contrarios al principio republicano de igualdad ante la ley.
Días atrás el presidente de la Corte Suprema, el Dr. Ricardo Lorenzetti, coautor del Anteproyecto de Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se refirió en medios gráficos a los planteos de la iglesia católica y su papel en el nuevo Código. En dicha entrevista el presidente de la Corte expresó que la iglesia representa una visión, legítima desde su punto de vista, pero el Derecho debe comprender a todos y que el mismo no debe imponer modelos.
La importancia de un sistema jurídico inclusivo e igualitario fue el punto destacado por el Ministro Lorenzetti en sus declaraciones públicas. Es desde este mismo punto de vista que desde CAEL y otras organizaciones sociales seculares y religiosas venimos cuestionando el estatus de persona jurídica de carácter público de la iglesia católica. Sobre dicho punto, Lorenzetti explicó: Recibimos propuestas para eliminar la Iglesia del listado del artículo 146 del proyecto, pero hemos decidido mantenerlo, por varias razones. La principal es que su eliminación traería consecuencias en muchos otros planos legislativos y políticas de Estado que no se pueden adoptar desde el Código Civil. Si luego se quiere cesar, hay otras leyes que pueden hacerlo, es un problema de legislación especial y de política de gobierno.
Por supuesto, las y los miembros de CAEL coincidimos plenamente en la idea de que el nuevo Código Civil y Comercial debe garantizar la libertad para todas las personas de ejercer su culto y actuar en función de sus convicciones, siendo el único límite razonable a la autonomía y a la libertad, aquél impuesto por nuestra Carta Magna, es decir, la afectación a terceras personas. Sin embargo, disentimos en cuanto a la oportunidad de postergar el debate respecto al carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica. Por cierto, son muchas y muy variadas las reformas introducidas por este Código que también implican enormes consecuencias en otros planos legislativos y políticas de Estado, y que requerirán, una vez aprobado el nuevo Código, de una legislación especial para su aplicación.
Como explicamos en el documento presentado a la Comisión Bicameral (ver abajo), la equiparación de todas las organizaciones religiosas, filosóficas e ideológicas, incluida la iglesia católica, vendría simplemente a garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación garantizadas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la misma. Ninguna de las otras normas relacionadas a la iglesia católica (art. 2 CN, Acuerdos con el Estado Vaticano, legislación sobre asignaciones a obispos, etc.) impone la obligación de mantener el carácter público de la iglesia. De hecho esto fue una imposición arbitraria de la dictadura de Onganía, la que de ningún modo se regía por los principios constitucionales. Insistimos entonces con la necesidad de que este debate sea dado ahora como parte esencial de la discusión, para garantizar la igualdad y avanzar en un Estado más igualitario, en concordancia con el espíritu general de la reforma.
En cualquier caso, celebramos el hecho de que uno de los autores del anteproyecto coincida con el planteo hecho, entre otras organizaciones, por nuestra Coalición, con la idea de que efectivamente la personería pública de la iglesia católica no es esencial a nuestro sistema jurídico y que puede más tarde o más temprano ser modificada.
Entendemos, simplemente, que este es el momento histórico y la oportunidad legislativa de dar este gran paso. Son muchos los avances que plantea el nuevo Código, y la mayoría de ellos implicarán la modificación de la legislación especial conexa y de políticas de estado complementarias. El planteo acerca de la necesidad de definir a la iglesia católica como persona jurídica privada no difiere en esos puntos. Solo requiere de voluntad política para aceptar el desafío histórico: el momento del debate ha llegado.
Se trata, en fin, no sólo de garantizar la libertad, sino también la igualdad ante la ley y la no discriminación, pilares esenciales de la tradición democrática y republicana heredada de quienes fundaron nuestra Nación, tradición que se refleja en las bases de nuestro sistema jurídico.
El documento presentado por CAEL a la Comisión Bicameral puede consultarse en: http://coalicionlaica.org.ar/CAEL_Audiencia_Codigo_Civil.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario