Por Lita Alberstein
Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Tucumán
"Julio Miranda ex gobernador de Tucumán, era empleado de la mafia de los Ale”. Así definió la relación con el poder, las mafias de la droga y la trata, en su alegato José Dantona, abogado de Susana Trimarco.
El juicio por Marita Verón, que conmueve al país, está terminando, luego de 9 meses, del que participé en importantes audiencias, acompañando a Susana.
Hay 13 imputados, acusados solamente de privación ilegítima de la libertad y promoción a la prostitución, ya que la ley de trata de personas, se promulgó 6 años después del secuestro.
A lo largo del escalofriante juicio, dónde declararon 110 testigos, se fue destapando las criminales redes de explotación sexual, la mafia de Rubén “La Chancha” Ale, dueño del imperio de remises 5 estrellas, de las que son parte su ex exposa María Jesús Rivero y Víctor Rivero, amparado por los gobiernos, y su relación con el poder judicial y policial, las conexiones con la mafia de los prostíbulos riojana de Irma Medina y sus hijos, los mellizos Gómez.
“María Jesús Rivero era el cerebro, Ale ponía la plata y Julio Miranda era el empleado”, brutal síntesis que desnuda el poder mafioso, que manejaba impunemente, la droga, la prostitución, el PJ y hasta el propio gobernador. No hay trata de personas, sin complicidad del poder.
“Los prostíbulos riojanos eran campos de concentración”, frase que retumbó en la sala, mostrando cómo las testigos, víctimas de trata, quedaron seriamente afectadas.
La fiscalía, pidió penas de 25 años para 7 imputados: María Jesús y Víctor Rivero, Daniela Milheim, Alejandro Gonzalez, Irma Medina y sus hijos “Chenga y Chenguita” Gómez, como partícipes necesarios, 12 años y 6 meses, para los otros 6, como partícipes secundarios y la detención inmediata de todos los imputados. Hasta ahora siguen todos libres, excepto Irma Medina, que hace meses, la encontraron traficando cocaína.
La querella pidió condenas que van de 25 años a 23 años y que se reabra la investigación y esta vez se acuse al ex gobernador de Tucumán Julio Miranda; a su subsecretario de Seguridad, el comisario Julio Díaz; al ex secretario de la fiscalía que instruyó la investigación, Ernesto Baaclini; al ex juez riojano Daniel Moreno, y a Rubén “La Chancha” Ale, ex presidente del Club San Martín, vinculado con la mayoría de los imputados, a 5 policías de La Ramada, entre otros.
La investigación que tomó en sus manos Trimarco, desnudó en el juicio la complicidad entre el poder con las mafias, pero pasaron 10 años, y recién hoy se pide el procesamiento de los funcionarios claves. Dijo la querella: “El estado hace 10 años que no puede devolverle su hija a Susana Trimarco”.
¿Por qué? Es que nada ha cambiado en Tucumán, continúa el PJ, hoy es gobernador Alperovich, quien fue superministro de Economía del gobierno de Miranda, no se ha desmantelado la corrupción del poder, y aunque el kirchnerismo reciba a Susana, no ha hecho lo que corresponde para desmantelar la trata. Siguen funcionando los prostíbulos en La Rioja y Santa Cruz, ha sido el paraíso para estos proxenetas.
Este juicio emblemático, permitió visibilizar, este meganegocio mundial, que mueve 32.000 millones de dólares en el mundo, porque para el capitalismo en descomposición, la mujer es una mercancía, privada de todo derecho.
En pocos días terminará, si de verdad se quiere terminar con estas mafias y con la trata, la condena debe ser ejemplar, y avanzar en un nuevo juicio dónde se juzguen a todos los autores y cómplices que fueron y son parte del poder.
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