Comunicado sobre el debate del Aborto en la Cámara de Diputados de la Nación.

Camapa Nacional por el Derecho al Aborto.

Frente al estado público que ha tomado la presentación de un proyecto de Ley para modificar el artículo 86 del código penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, por parte del Presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera oportuno hacer público su rechazo a esta convocatoria que de manera manifiesta solamente apunta a obstaculizar el verdadero debate que se debe el Congreso Nacional, que es por la despenalización y legalización del aborto. Además este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos.

Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual código no incluye. Circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación)  pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles.



Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve  una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años.

Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”  elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.

Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica,  y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo. 

 

En contraposición a lo expuesto, creemos que legalizar y despenalizar el aborto como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud  trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del Proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación. 

 
Como ha sido ampliamente argumentado por diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.

Desde la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto. En ocasión de las mismas, la Comisión, manifestó su compromiso con que este tema fuera tratado durante el año 2011. Por esto es que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperamos que se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la Ley de Identidad de género. Nuestro proyecto de Ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años. 

 

Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de Ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares. 

 

Invitamos a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Echaron a un trabajador después de que publicó en Facebook que era gay.

Perfil.

Trabajaba para un super mayorista. Su pareja era repositor externo.

La empresa de supermercados mayorista Vital despidió a un empleado luego de que publicara en su perfil de Facebook que mantenía una relación sentimental con un repositor externo.
Según publicó el blog los empleados de Comercio afiliados en la CTA, Daniel Barboza, de 30 años, trabajaba en una sucursal de la cadena de supermercados, en el barrio porteño de Chacarita.
Su pareja Joel Hurtado, de 23 años, trabaja como repositor de un frigorífico  y se ocupa de la reposición de sus productos en la misma sucursal.
Los jóvenes llegaron desde Jujuy para trabajar, establecerse y formar una familia juntos.
“Una persona que trabajaba conmigo que admití en mi Facebook vio en mi perfil que mi pareja era Joel a partir de ahí el rumor empezó a rodar en el mercado, el trato del supervisor cambio totalmente para mal” , contó Barboza.
“A partir de que mi condición sexual y relación sentimental era de conocimiento entre los trabajadores y jefes de la empresa, pasé de ser un trabajador ejemplar a ser un mal empleado que no rendía, que no cumplía y era mal compañero y que debía renunciar, los compañeros me decían 'este la tiene con vos' en referencia al jefe de mi sector", agregó.
Barboza señaló que pasó a ser víctima de acoso laboral y a tener problemas de salud por esa situación hasta que fue despedido el pasado 20 de agosto.
De todas formas, fuentes del área de Comunicación del supermercado declararon que Barboza, luego de trabajar seis meses como repositor, fue desvinculado de la empresa "por motivo de ausencias reiteradas".
Según un comunicado publicado en el blog de la CTA, "el maltrato que sufría Daniel le produjo problemas de salud, con fuertes dolores de espalda cuyo diagnóstico fue una lumbalgia que lo tuvo postrado una semana".
Así, según se lee, "a su regreso no recibió ningún tipo de consideración y fue nuevamente destinado a sectores donde debía reponer mercadería de peso y alta rotación"
El secretario general del Sindicato de Profesionales y Jerárquicos de Comercio agregó, por otra parte, que estos casos suelen darse en empleados que se integran a un sindicato. "Muchos trabajadores son echados cuando se afilian al sindicato".

 

Formosa: En Ingeniero Juarez denunciaron la violación de una niña originaria wichí por 7 hombres criollos.

Kaos en la Red.

La Comunidad Wichí "Barrio Obrero" que ocupaba el Centro de Integración Comunitario de su asociación civil, en reclamo de que las autoridades con mandato vencido hace cuatro años les devuelva la gestión, informó que en la noche del domingo pasado una menor de su Comunidad de 11 años de edad y que no habla idioma castellano fue violada por siete hombres criollos, en el predio de la Escuela Especial que se encuentra frente a la Comisaría de la ciudad.

El martes, la menor acompañada por una interprete adulta de su Comunidad asistió a radicar la denuncia.

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En Corrientes, una persona accedió al cambio de nombre y género en su DNI.

tucorrientes.com

El Director del Registro Provincial de las Personas, escribano Aníbal Godoy, comunicó que por primera vez en Corrientes una persona que ha nacido mujer pudo acceder al cambio de su identidad y género.

“Hemos recibido hace un mes y medio o dos, un oficio judicial donde ordenaban al Registro la rectificación de la partida de nacimiento de una persona que ha nacido mujer y que nos solita el cambio de sexo, el cambio de nombre y la generación del documento nuevo”, dijo.

Godoy aseguró que la rectificación de la partida sólo se accede por una sentencia judicial y no por iniciativa administrativa.

El matrimonio igualitario en el ejército es un avance importante en materia democrática.

Comunicado de la FALGBT.

 La celebración del primer matrimonio igualitario en el Ejército argentino consolida el avance democrático de las instituciones y brinda un mensaje inequívoco a favor de la igualdad.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans celebra la realización del primer matrimonio igualitario en el Ejército argentino, a poco más de un año de la sanción de la Ley de la Igualdad.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó " es sumamente positivo que se celebre este primer matrimonio igualitario en el Ejército. Esto habla de una maduración importante de la sociedad argentina en todos los ámbitos, y de un avance de la noción de igualdad ante la ley para todas y todos."

Asimismo agregó "desde la aprobación de la Ley de Matrimonio igualitario en julio de 2010 más de 3500 parejas han contraído matrimonio, unas 25 han inscripto a sus hijos e hijas nacidas en el marco de la ley y esto sucede en todo el país y en todos los ámbitos. Esta es la prueba inequívoca de la voluntad de la gran mayoría de la sociedad argentina en construir un país libre de discriminación con dignidad para todas y todos".

Para finalizar expresó "es cierto que queda mucho por hacer en términos de igualdad real pero la ley de Matrimonio Igualitario nos brinda una herramienta extraordinaria para lograr ese avance. En ese sentido es sumamente importante la urgente implementación del Plan de Ciudadanía LGBT que la FALGBT ha elaborado con el apoyo de ONUSIDA y el PNUD, y que estamos presentando a diversos organismos y referentes de todo el país."

San Juan: Repudio a la posición discriminatoria e información imprecisa de la doctora Miriam Andujar y la ONG Compromiso para la Familia.

Comunicado de La Glorieta - FALGBT.


La Glorieta, organización de base en San Juan de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans informa a la comunidad que las expresiones vertidas por la representante de la ONG Compromiso para la Familia, Dra. Miriam Andujar, no son correctas, además de ser discriminatorias para las personas trans.

Los proyectos de ley de reconocimiento al derecho a la identidad de género, presentados por nuestra Federación Argentina LGBT, se encuentran siendo debatidos desde el pasado 18 de agosto en la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y no en la Comisión de Legislación Penal como expresa la Dra. Andujar.

Estos proyectos, NO proponen que las personas puedan “cambiar” su identidad. La identidad de una persona, ES, y el Estado tiene la obligación de reconocerla, respetarla y garantizar todos los derechos que le corresponden como a cualquier otro ser humano. No busca el proyecto alterar la identidad, sino todo lo contrario, busca que la documentación de cualquier persona sea acorde con esa identidad, situación que hoy en día no ocurre.

Es incorrecto también que el sexo sea una construcción social, como menciona la Dra. Andujar, ni tampoco se refiere a ello el proyecto ni su fundamentación. Sí, el GÉNERO es una construcción social. Sexo y género son dos cosas muy distintas. El proyecto prevé reconocer el género que cada persona construyó, no propone nada respecto al sexo.

Tampoco es correcto que se vaya a instaurar, además del género masculino y femenino, el género TRANS. Esto también es falso. Si bien existieron proyectos en tal sentido, no es lo que se está debatiendo ni el acuerdo que se está construyendo entre las organizaciones de la sociedad civil y los Diputados Nacionales. NO se reconocerá a un tercer género, sino que simplemente las personas que acrediten que su identidad de género se encuentra registrada a la inversa en su DNI, partida de nacimiento y demás, podrán solicitar la rectificación de dicha documentación.

Tampoco es cierto que estos proyectos generen inconvenientes con la foto de los DNI, sino que es exactamente al revés. Por empezar, al Ministerio del Interior ya ordenó, hace varios meses, que los Registros Civil de todo el País deben respetar el aspecto físico de una persona para obtener las imágenes que se utilizan en la documentación. Si la imagen del DNI es distinta a la imagen que utiliza el ciudadano o la ciudadana habitualmente, es ahí donde podría generarse alguna dificultad en la rápida identificación de alguna persona. Justamente, el proyecto de reconocimiento del derecho a la identidad de género, viene también a solucionar definitivamente esto.

Lamentamos que la Dra. Andujar se exprese con liviandad y claro desconocimiento sobre los asuntos de Derechos Humanos que se debaten en el Congreso Nacional. Y lamentamos que una vez más, la ONG a la que representa, persista en oponerse al reconocimiento de estos derechos, y con argumentos cada vez más inconsistentes que demuestran que ni siquiera se tomó el trabajo de leer los proyectos existentes ni los avances producidos en Comisión.

Intentar patologizar a la identidad trans, o pretender que se obligue a estas personas a alguna operación de reasignación genital para poder acceder a los derechos que les corresponden, es algo que ocurría frecuentemente en gobiernos fascistas como el Chile de Pinochet. El intento de normatización de los cuerpos, el no reconocimiento de la autonomía, del proyecto de vida de cada persona y de su identidad, son claras violaciones a los Derechos Humanos.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: ¿Quiénes son esas mujeres?

Por Martha Rosenberg para Topía.

1. Todos los años, en nuestro país, alrededor de 500.000 mujeres resuelven la crisis subjetiva provocada por un embarazo que no pudieron evitar y que no están en condiciones objetivas o subjetivas de llevar a término, mediante su interrupción voluntaria. Son los embarazos que llamamos no deseados, involuntarios, inesperados, no planificados, inoportunos, insostenibles. Llamémoslos como los llamemos, la constante es el prefijo “in” o el adverbio “no” que niegan su posibilidad de continuar el proceso que los conduciría hasta ser otra cosa que un embarazo. Medio millón de mujeres resuelven por medio del aborto, el conflicto dilemático causado por un embarazo involuntario. Se sustraen así del cumplimiento del mandato social de la maternidad, que la postula como destino naturalizado para toda mujer y para todo embarazo. Corroen con su práctica el ideal de femineidad maternal y socavan la creencia en la redención de la actividad sexual pecaminosa por la santidad de la procreación. Para estas mujeres, lo que se predica desde los púlpitos como “cultura de la muerte”, se revela, por el contrario, como condición de una vida posible para sí mismas y para sus otros más cercanos (las más de las veces, sus hijos o hijas de corta edad).

Las posturas religiosas fundamentalistas construyen un otro simétrico y privilegiado en donde solo existe un proyecto biológico mudo que podría ser el sustrato del proceso de humanización si, y solo si, hubiera un deseo de hijo que acompañe y que infunda en esa realidad biológica un espíritu de continuidad y trascendencia de la propia vida, y del vínculo fecundante del que es resultado.
El deseo del Otro, materializado en el proyecto institucional de la iglesia católica[1] de disciplinar la sexualidad –en particular la de las mujeres – bajo el paraguas de la reproducción, no basta para inspirar efectivamente en cada embarazo, un proyecto de maternidad. Ni hablar del proyecto de paternidad según el supuesto canon de “la familia tipo”, cada vez menos “tipo” y menos abarcada por el artículo “la”.
Cuando en ocasión de un embarazo involuntario, se decide un aborto, surge en acto una conciencia crítica de los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta, que subvierte los valores dominantes, ahora en crisis, abriendo espacios de posibilidad a nuevas posiciones subjetivas, en un nomadismo que no solo desplaza a las protagonistas de su situación de subordinación, sino que reformula el paisaje en el que transcurre la acción.[2] En estas transformaciones, que se significan de manera singular, se inscriben tanto valores positivos como negativos, que deberán ser elaborados con los recursos simbólicos disponibles para cada persona y pasarán a formar parte de su biografía, es decir, de su identidad. El “yo aborté” enuncia la asunción de responsabilidad por las propias acciones y detiene el borramiento de la imagen bifronte del poder femenino: dar la vida gestando y pariendo un hijo, o no darla.  Este es el poder que está en juego en el derecho al aborto y, por lo tanto, en el control de la reproducción de la especie humana, inescindible de la reproducción de la vida social. La inveterada práctica del aborto, como escena transhistórica del poder femenino, subyace a la espesa capa de silencio y ocultamiento que impone la conservación de la potestad patriarcal misógina sobre las vidas y los cuerpos.

2. Una perspectiva histórica del procesamiento político del derecho al aborto.
La primera solicitada del Foro por los Derechos Reproductivos, que publicamos en 1993[3] se titulaba: “ABORTO ¡BASTA DE SILENCIO!” Desde entonces, se ha construido un movimiento, que, con altibajos que no impiden su continuidad, ha horadado ese silencio y enuncia en voz alta y colectivamente la demanda por la legalización y la descriminalización de las mujeres que abortan. Y las articula a las condiciones imprescindibles para la prevención del embarazo involuntario y el aborto: educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar.
Desde la interjección ¡basta! se ha construido una voz colectiva y plural que interviene en la actual escena política.
En su declaración inicial a comienzos de 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirma: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.
Aunque ha habido algunas oscilaciones, la mortalidad por gestación no desciende de manera significativa, e incluso ha aumentado en el último registro (2009) a 5,5 por 10.000 nacidos vivos[4].  Desde entonces, 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres, enfrentando la criminalización que las amenaza. Ya han muerto en ese período, a causa de abortos mal realizados, alrededor de 500 mujeres. Esta deuda social, que se sostiene al precio de la libertad, la vida y la salud de todas las mujeres y que las segrega y vulnerabiliza en función de la carencia de recursos económicos y culturales, debe ser pagada. Por eso, la legalización del aborto es una deuda de la democracia[5].
Retomando la realidad del aborto: todos los años, medio millón de mujeres afirman en el acto de abortar, su determinación de dar a sus vidas un sentido propio que resiste los patrones compulsivos de identidad femenina, que instituyen la maternidad como mandato. Contribuyen así –concientemente o no – a) a subvertir la idea del cuerpo femenino al servicio de la reproducción biológica y la crianza de tradición pecuaria y pastoral, b) a instituir el derecho a la maternidad elegida libremente.
Un componente indispensable de la maternidad elegida libremente es que exista la posibilidad del aborto legal y seguro. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo califica éticamente la maternidad asumida. Construye humanidad para las mujeres, para sus hijxs y para toda la sociedad.
La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –movimiento federal y políticamente plural, originado en la tradición feminista de lucha por la autonomía de las mujeres, los Encuentros Nacionales de Mujeres, y en las grandes movilizaciones populares del 2001-2002– se ha hecho cargo de transformar la práctica del aborto, habitualmente ocultada y silenciada, producto de una resistencia individual a imposiciones culturales, en soporte social de un movimiento de reivindicación de los derechos y la dignidad de las mujeres, que abarca muchos más actores sociales que sus protagonistas.

3. No me voy a centrar en la prevención de la práctica del aborto, que es uno de sus objetivos y que forma parte de sus consignas, ni en los aspectos legales, sino que trataré de reflexionar sobre la significación del aborto como síntoma social.
Con frecuencia se reduce a las mujeres a la condición de víctimas de las situaciones que las llevan a esa determinación, olvidando que son protagonistas y agentes de un cambio en las relaciones sociales de género. Desde una posición heterosexual – que es la de la mayoría de las mujeres que recurren al aborto – resisten el concepto de que la sexualidad potencialmente fecunda debe ser validada o pagada con la reproducción. No prestan su cuerpo al concepto de maternidad como sacrificio y destino femenino inexorable. Encuentran una forma de enfrentar un embarazo involuntario y tomar una decisión, que les resulta preferible a una maternidad que no desean o que no pueden asumir.
Ya sea con certeza o con ambivalencia, tomar la decisión de interrumpir un embarazo, nunca es fácil. Y mucho menos en condiciones de clandestinidad y condena social, que equivalen a enfrentar, real e imaginariamente, el riesgo de la propia muerte.
En la decisión de abortar, la vida que está en juego, la que se apuesta, no es la del embrión, que todavía no es sujeto de su vida biológica ni de los vínculos en los que se desarrolla, sino la de la mujer: un sujeto pensante y actuante, encarnado e histórico, con vínculos socio-sexuales y emocionales establecidos y actuales, con funciones sociales, familiares, con proyectos y con pasado propio, que ha decidido que no promoverá a sujeto humano al embrión que porta. No se constituye humanidad sin esta mediación decisiva por el deseo de la madre.

4. La acción de interrumpir un embarazo, que se revela en las estadísticas como persistente y extensamente difundida –500.000 abortos contra 700.000 nacimientos anuales– se podría considerar políticamente irrelevante en relación con las formas políticas convencionales, dado que permanece oculta la mayor parte de las veces en la intimidad de la escena privada. A pesar de que es una decisión de la máxima importancia, su privacidad permite que la acción quede banalizada y replegada en un limbo ético, en el cual evitar las represalias (por medio del secreto y el silencio), impide al mismo tiempo desplegar la plenitud de sus efectos políticos: - Ejerzo soberanía sobre mi vida. No permito que me sometan a planes o designios que no sean míos (el del violador, el de las políticas de salud ineficientes, el de la privación de educación y de educación sexual, el del ejercicio de mi sexualidad en el brete del sometimiento a la función reproductiva.)
En ese sentido, la interrupción voluntaria del embarazo es un acto logrado de sustracción del propio cuerpo a un destino heterónomo. Y tal vez es por eso que las mujeres no se detienen ante la criminalización, como tampoco lo hacen las creyentes católicas, que son una mayoritaria proporción de quienes lo practican aunque sea un pecado grave. Las cifras de abortos en Latinoamérica, el mayor continente católico, son proporcionalmente de las más altas del mundo[6]. Marcela Lagarde, destacada antropóloga feminista mexicana, afirma que para muchas mujeres, es la primera decisión autónoma que toman en su vida. Y que la lucha por el derecho al aborto es la batalla por la humanización de las mujeres. [7]
Este carácter de sustracción del cuerpo femenino al mandato patriarcal es un motivo para la férrea oposición, no sólo en la cúpula eclesiástica, sino de los sectores conservadores que desde el poder tienen que asegurarse el dominio sobre la reproducción social. Una de cuyas bases necesarias es el poder que otorga a las mujeres su capacidad biológica de dar vida, como condición del sostenimiento de las estructuras sociales de reproducción. Reproducción que no es unidimensional: relaciones de género, familia, producción de fuerza de trabajo, distribución de la riqueza, todo se reproduce. Tanto los cuerpos, como las relaciones en las que se construyen.
Para las mujeres el dominio de sus cuerpos, el avasallamiento de sus proyectos por el poder patriarcal, la oscuridad totalitaria, son encarnados hoy, no tanto en los varones singulares, cada vez más sumidos y consumidos en la fuga de la pesada carga de tener y sostener el falo, como en la institución de la Iglesia vaticana y el Estado.

5. Paradójicamente, interrumpir un embarazo, impedir un nacimiento, proyecta un futuro para alguien, cuyo “credo –como dice H. Arendt- consiste en negar los valores positivos vigentes, a los que (todavía) permanece vinculado”[8] (la tradición). Ese alguien es la mujer que toma la decisión de abortar y así funda su futuro: sobreponiéndose a la seducción de consagrar el pasado ancestral como destino. Espera, tiene la esperanza de que ella podrá escapar a la mimesis de la femineidad que la precede, e inventar una nueva forma de habitar su cuerpo y su genealogía, en la que se reconozca y se habilite para cursos de acción individual y propia. Busca la felicidad fuera del estereotipo.
Que el aborto sea un síntoma social, significa que este hecho, comprobable y cuantificable, demanda una interpretación. Desde luego que una interpretación desde los discursos que teorizan lo social, pero aún más, del sujeto (¿la sujeta?) que lo asume como acto propio. Se des-sujeta (podríamos hacer una serie de juegos con esta “a” que se pierde, se desata, se suelta). Y queda disponible para crear otra significación para su vida. No necesariamente una “buena”, pero sí una oportunidad (¿nueva?) para crear una historia propia, aunque no necesariamente llegue a hacerlo. Hay que decir que este es un arduo trabajo y suele requerir un diálogo con interlocutores/as dispuestos/as a facilitar la expresión y reflexión honesta y no a impedirla bajo un discurso culpógeno y pastoral (en el sentido de volverla al redil). Si para muchas es la primera decisión de su vida que las recorta como sujeto, lo mismo puede predicarse de la decisión de maternidad, cuando se desea y se acepta, es decir cuando es decidida con libertad en el contexto de conflicto que habitualmente encuentra o crea la noticia del embarazo, tanto para la mujer, como para su pareja y su descendencia, si las tiene. Esta(s) decisión(es) son siempre performativas: crean una nueva figura en su biografía. Es la figura de alguien que realiza un trabajo de pensamiento, en el que objetiva su situación (diría Simone de Beauvoir) y discierne –opina, (diría H. Arendt) – qué puede elegir mantener y qué puede elegir perder. Pensamiento situado (diría Donna Haraway) que reconoce su parcialidad y declina la ominipotencia de poder realizar todos sus deseos.
Un nacimiento se anuncia. Cuando no es el de un niño o niña, será el de una mujer que le dice no a su determinación por los avatares biológicos de su función reproductiva, ya no más capturada sin remedio por las alternativas de su sexualidad. Tanto la mujer como su entorno tienen que asumir los efectos. Por supuesto que no en el mismo grado, ni de la misma manera que ella. La decisión moviliza las relaciones más íntimas y significativas, públicas y privadas, y mientras se entablan nuevos diálogos, se cierran otros.

6. Cuando el embarazo no deseado (involuntario, inoportuno, inadecuado) es el problema, el aborto es la solución. En muchas culturas, no sólo en el mundo occidental y cristiano (USA; UK; Francia, Italia, España; Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Sudáfrica, etc.) esto está instituido.
Las mujeres ashanti de África Occidental, ven el aborto como un deber si el embarazo ocurre en circunstancias inadecuadas, y son culpadas si no abortan cuando ha habido un error: el compañero, el momento, la falta de consumación de ciertos rituales, obligan al aborto. No es el aborto lo que está mal, sino que se trata de un embarazo equivocado, no viable. Si no lo interrumpen, se sienten culpables y en deuda con la sociedad. En un marco cultural como el nuestro, el aborto crea culpa, y en otro, la elimina. La cultura Wichi no admite hijos ilegítimos: éstos se deben abortar. Lo mismo ocurre con el primer embarazo, cuyo aborto prepara para el próximo, ya sí destinado a completar su desarrollo. En algunas culturas las mujeres abortan cuando pelean con el marido, en otras cuando las abandona. [9]
Vemos que tampoco el aborto tiene un significado universal, más allá de las singularidades individuales: lo que una cultura prohibe, otra lo prescribe.

7. El acontecimiento previo al aborto suele ser una relación sexual en la que existe algún nivel de de-subjetivación, compulsión o coerción. El olvido del método anticonceptivo o la desestimación de la potencia generativa propia o la del partenaire, el sometimiento a la violencia manifiesta, o al maltrato latente auto o heteroinfligido, por ejemplo, no cuidarse el cuerpo y el futuro, la ilusión de que un bebé permita salir de la soledad y la orfandad real o vivenciada, la llegada de la edad madura, los abandonos afectivos, pueden dar lugar a la temida situación de un embarazo inesperado y sintomático.
Todas estas contingencias indican que aunque hubiera circunstancias óptimas de cobertura anticonceptiva que los disminuyan, los embarazos involuntarios ocurren y ocurrirán. Y que por lo tanto, es necesario que el recurso al aborto sea legal, para que, al mismo tiempo que disminuye su práctica, como señalan investigaciones serias[10]con registros durante décadas desde la legalización del aborto en países europeos, sea también seguro y no ponga en peligro la vida y la salud de las mujeres y sus familias.
¿Quién debería hacerse responsable por el costo en vidas de mujeres que mueren por causas evitables en el trance de abortar? Sobre estas “desaparecidas” de la democracia, cuyos derechos humanos no se protegen, no hay responsabilidad establecida. La debilidad de las políticas públicas dirigidas a garantizar la salud y los derechos reproductivos y sexuales, con exiguos presupuestos y escasa voluntad política, no permiten su eficaz funcionamiento. Durante el año 2009 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, contó con un presupuesto de 35 millones de pesos, cuando se estima que el mercado del aborto clandestino en nuestro país mueve alrededor de mil millones de pesos anuales.
En julio de 2010, ante la desmentida del anuncio hecho por la delegación oficial argentina en la CDH de Naciones Unidas, de la firma de la resolución ministerial acerca de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, la Campaña por el Derecho al Aborto publicó una declaración que decía:
“Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida, tanto de los ciudadanos, como de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte o la enfermedad. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.” (…) “Instamos a no hacer primar en materia de políticas públicas sus definiciones personalísimas por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; a escuchar el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país. Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.
No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.
El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.
Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más pobres y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres  los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.
Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente, habrá que ver si está dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Habrá que ver si su presidenta, sus gobernantes y legisladores/as y su democracia están dispuestos a que los derechos humanos contemplen de una vez por todas las necesidades particulares de las humanas.

Exigimos:
1.    Inmediata la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
2.    La aplicación efectiva del Artículo 86, del Código Penal.
3.    La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.
Argentina, Julio 25 de 2010”

8. La apelación a la vigencia de la ley, indica la presencia de una cultura de los derechos y la ampliación de la democracia política y social. Que el paradigma de los derechos humanos permee todos los discursos tiene efectos evidentes en las demandas políticas del movimiento social de mujeres.  Las mujeres de los 60’s y 70’s, cuyas luchas se presentan como modelo de militancia, hablaban de “liberación sexual”. Sin embargo, el término que ha prevalecido y se sostiene en el discurso actual, como resultado de las luchas emancipatorias por la autodeterminación, no es el de “libertad reproductiva”, propio de la política feminista de los años 70’s y 80’s, sino el de “derechos reproductivos” que marca que la sexualidad ha entrado en el espacio de las regulaciones legales que el estado debe garantizar.

9. En julio de 2010, la consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado “interior” ese porcentaje alcanza al 49,9%.  Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales[11]. Además de la cuantificación de la opinión pública, se trasunta en esta encuesta la elaboración pública de la información difundida a lo largo de los años de campaña. No es vano que cuando hablamos del derecho al aborto, nos apoyemos en la práctica masiva del procedimiento: es el suelo de transgresión muda del mandato de maternidad por parte de las mujeres de todas las condiciones, la fuerza social en la que se afirma nuestra defensa de estos derechos.
La prohibición resulta ineficaz porque hay un sujeto que resiste –muchas mujeres y cada una – que denuncia que prefiere vivir la condena (social o judicial) por el aborto, que la condena a una maternidad desdichada. Es esta posición subjetiva, sostenida por el cuerpo de las mujeres, por su experiencia histórica, la que ingresará legitimada al código legal cuando se consiga cambiar la ley.

10. La transgresión es fecunda cuando una mujer puede incluirse como sujeto del acto de interrumpir la gestación y reivindicarlo como derecho, incorporarlo a su historia como una decisión posible – que tiene, como toda decisión–  consecuencias sobre el curso de su vida.
Incluso poder descartar un aborto, tiene otro valor si no se hace bajo el imperio del miedo a morir, o a la sanción penal. Ciertamente, el derecho diseña sujetos.  Por eso, si hablamos de derechos, tenemos que considerar las dos acepciones de este término: como normativa  (lo que debe o no debe hacerse, instancia del superyo), y como atributo de ciudadanía que otorga poder para legitimar los actos individuales. Sujeción y poder como efectos inescindibles del discurso legal.
Si el derecho habla del goce y disfrute de algo en tanto es, o puede ser, objeto de apropiación, de posesión, en este caso ese algo (reproducción, sexualidad) es el cuerpo en primera persona, mi cuerpo, la primera posesión de cada sujeto y las relaciones que ese cuerpo contrae con el cuerpo del (los) otro(s), tal como están reguladas en una forma determinada vínculo social.  El derecho es siempre relación con otros, construcción cultural cristalizada pero no inmóvil, representación de los intereses y demandas de los diferentes actores sociales que adquiere diferentes formas según el desarrollo histórico de las formas de producción y sus correlatos ideológicos[12]. Néstor Braunstein menciona el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo como distintas formas de apropiación del cuerpo del otro. Curiosamente, omite el patriarcado, que es el orden que atraviesa a todos los mencionados.
El derecho es el discurso que regula las restricciones impuestas al goce de los cuerpos: el contrato social. Indica entonces qué es lícito hacer con el cuerpo propio y con el de los demás. Son estas regulaciones las que nos enfrentamos cada vez que nuestras prácticas del cuerpo transgreden las normas establecidas y presionan sobre los límites que éstas han impuesto a nuestro goce, cuando nos “desclasificamos”.
Y es a partir de este des-orden que se produce el concepto de derechos reproductivos y derechos sexuales, que históricamente surge de las luchas de las mujeres por su libertad sexual. Cuando se trata de las mujeres heterosexuales que viven según las normas de las culturas patriarcales, la libertad sexual incluye la libertad reproductiva.

11.El feminismo de habla inglesa pasó del paradigma de la libertad reproductiva (reproductive freedom), en los mediados del siglo XX, al de los derechos reproductivos (reproductive rights), en un claro deslizamiento semántico que acompañó la institucionalización del acceso a los recursos de anticoncepción hormonal científica. Este avance en la apropiación por parte de las mujeres de los conocimientos tecnológicos que formaron parte del proyecto de dominio científico de la fertilidad femenina por parte del establishment  patriarcal-capitalista-colonial, fue llamado por Geneviève Fraisse  “el habeas corpus” de las mujeres. Hay que señalar que para historiadores de la talla de E. Hobsbawm, y teóricos como Norberto Bobbio, fue la única revolución triunfante del siglo XX.  “El desarrollo del movimiento feminista cuestiona ‘naturalmente’ las concepciones tradicionales de revolución y despliega la reforma en todos sus grados, desde la más tibia a la más radical, dado que el conflicto de género no puede resolverse en el triunfo de uno de sus términos, porque sería el remedo especular y extremo de la dominación que pretende subvertir. La radicalidad de sus producciones se manifiesta en la erosión del suelo ideológico en el que se sustenta la distinción de género y la producción de nuevas significaciones para los términos iniciales del conflicto.”[13] De eso se trata cuando se reclama el derecho al aborto, demanda radical en el sentido que conceptualizan C. Marx y Agnès Heller: son las que para poder ser satisfechas requieren un cambio de raíz en los vínculos sociales del sujeto que las formula, y por lo tanto, del sujeto mismo. La mujer sujeto de sus decisiones sobre su maternidad, agente de su biografía, ni determinada biológicamente, ni penada por no gestar un alguien imposible por no tener su consentimiento.

12. Para que el hijo exista, el embrión –ese extraño- debe ser humanizado por el deseo de la mujer, que entonces sí, se vincula como madre con ese ser al que nombra hijo/a, parte del cuerpo propio y al mismo tiempo ajeno. La madre es aquella cuyo deseo hace del embrión/feto una persona. El vínculo no puede ser humanizado desde otro lugar: la bendición de la iglesia solo es eficaz mediatizada por una mujer que la pide y la cree. El deseo del Otro (sea el del genitor, la cultura ambiente del grupo social, el discurso médico de la fisiología sexual y su oferta tecnológica) debe pasar por la instancia de ser incorporado por el yo de la mujer que se asuma madre. Una de las formas del trabajo civilizatorio que prescribe la máxima freudiana  “Donde Ello era, el Yo debe advenir.” La elaboración del hecho traumático del embarazo inesperado, cuando tiene éxito,  permitiría alojarlo en la trama representacional del yo de la mujer y tomar una decisión sobre su potencialidad para devenir madre, adoptando, o no, ese embarazo.

13. ¿Qué afirma una mujer en el acto de abortar?: “Esto no es un hijo para mí.” Y lo dice en un momento en que ha desarrollado y elaborado el conflicto ético provocado por un embarazo involuntario. La ley penal restrictiva reduce a la insignificancia el deseo y la capacidad ética de las mujeres para decidir sobre sus embarazos: estos siempre deben ser aceptados, es un mandato social que desconoce que existen condiciones en las que las mujeres pueden y desean hacerse cargo de transformar en un hijo un embarazo y que existen condiciones en las que no. Los embarazos involuntarios ocurren en un cuerpo femenino de-subjetivado por causas variables, y con variable peso de la violencia física o simbólica implicada: la coerción directa o indirecta, el apasionamiento sexual irreflexivo, la ignorancia, la violación, la ineficacia de los MAC, las relaciones de poder desfavorables en la negociación del coito y la prevención del embarazo, la variabilidad de los eventos hormonales, la inestabilidad emocional, las carencias materiales. Todas circunstancias en las que el sometimiento a órdenes causales heterónomos, se “castiga” con el embarazo[14]. Se podría decir que el aborto es el rechazo del embarazo como castigo, de la maternidad como destino inexorable, del sacrificio como pauta obligada del comportamiento femenino. Recupera la agencia de la mujer sobre su vida y su sexualidad. Asume responsabilidad por lo que le ha ocurrido y lo que le puede ocurrir. Afirma también que ha tenido relaciones sexuales sin que su objetivo sea la reproducción. La decisión de abortar subraya –a alto costo – la dimensión del derecho al placer sexual y a un proyecto de vida en el que las decisiones sobre la fecundidad sean producto de un proceso de significación deseante y de un juicio ético conciente.
La maternidad por elección, que es la maternidad deseada de las humanas, implica  obligatoriamente que esté habilitada la opción de no elegirla. El derecho al aborto es la contraparte lógica de una maternidad elegida y responsable.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.