Asamblea conjunta entre la delegación de la Campaña ¡Chau Roca! con los integrantes de la comunidad Quom de La Primavera representada por el cacique Feliz Díaz. Presentación a cargo del Coordinador de la campaña y de la Juventud Socialista del MST, Mariano Rosa. Para más información ver www.mst.org.ar
jueves, 30 de agosto de 2012
Campaña ¡Chau Roca! con el pueblo Qom en Formosa.
Asamblea conjunta entre la delegación de la Campaña ¡Chau Roca! con los integrantes de la comunidad Quom de La Primavera representada por el cacique Feliz Díaz. Presentación a cargo del Coordinador de la campaña y de la Juventud Socialista del MST, Mariano Rosa. Para más información ver www.mst.org.ar
martes, 28 de agosto de 2012
EL NUEVO CÓDIGO CIVIL DEBE GARANTIZAR LA LIBERTAD, PERO TAMBIÉN LA IGUALDAD.
Comunicado de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) acompañamos el planteo hecho por el presidente de la Corte de que el nuevo Código Civil debe comprender a todas y todos, pero insistimos en que es necesario avanzar cuanto antes en la eliminación de privilegios de la iglesia católica, contrarios al principio republicano de igualdad ante la ley.
Días atrás el presidente de la Corte Suprema, el Dr. Ricardo Lorenzetti, coautor del Anteproyecto de Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se refirió en medios gráficos a los planteos de la iglesia católica y su papel en el nuevo Código. En dicha entrevista el presidente de la Corte expresó que la iglesia representa una visión, legítima desde su punto de vista, pero el Derecho debe comprender a todos y que el mismo no debe imponer modelos.
La importancia de un sistema jurídico inclusivo e igualitario fue el punto destacado por el Ministro Lorenzetti en sus declaraciones públicas. Es desde este mismo punto de vista que desde CAEL y otras organizaciones sociales seculares y religiosas venimos cuestionando el estatus de persona jurídica de carácter público de la iglesia católica. Sobre dicho punto, Lorenzetti explicó: Recibimos propuestas para eliminar la Iglesia del listado del artículo 146 del proyecto, pero hemos decidido mantenerlo, por varias razones. La principal es que su eliminación traería consecuencias en muchos otros planos legislativos y políticas de Estado que no se pueden adoptar desde el Código Civil. Si luego se quiere cesar, hay otras leyes que pueden hacerlo, es un problema de legislación especial y de política de gobierno.
Por supuesto, las y los miembros de CAEL coincidimos plenamente en la idea de que el nuevo Código Civil y Comercial debe garantizar la libertad para todas las personas de ejercer su culto y actuar en función de sus convicciones, siendo el único límite razonable a la autonomía y a la libertad, aquél impuesto por nuestra Carta Magna, es decir, la afectación a terceras personas. Sin embargo, disentimos en cuanto a la oportunidad de postergar el debate respecto al carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica. Por cierto, son muchas y muy variadas las reformas introducidas por este Código que también implican enormes consecuencias en otros planos legislativos y políticas de Estado, y que requerirán, una vez aprobado el nuevo Código, de una legislación especial para su aplicación.
Como explicamos en el documento presentado a la Comisión Bicameral (ver abajo), la equiparación de todas las organizaciones religiosas, filosóficas e ideológicas, incluida la iglesia católica, vendría simplemente a garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación garantizadas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la misma. Ninguna de las otras normas relacionadas a la iglesia católica (art. 2 CN, Acuerdos con el Estado Vaticano, legislación sobre asignaciones a obispos, etc.) impone la obligación de mantener el carácter público de la iglesia. De hecho esto fue una imposición arbitraria de la dictadura de Onganía, la que de ningún modo se regía por los principios constitucionales. Insistimos entonces con la necesidad de que este debate sea dado ahora como parte esencial de la discusión, para garantizar la igualdad y avanzar en un Estado más igualitario, en concordancia con el espíritu general de la reforma.
En cualquier caso, celebramos el hecho de que uno de los autores del anteproyecto coincida con el planteo hecho, entre otras organizaciones, por nuestra Coalición, con la idea de que efectivamente la personería pública de la iglesia católica no es esencial a nuestro sistema jurídico y que puede más tarde o más temprano ser modificada.
Entendemos, simplemente, que este es el momento histórico y la oportunidad legislativa de dar este gran paso. Son muchos los avances que plantea el nuevo Código, y la mayoría de ellos implicarán la modificación de la legislación especial conexa y de políticas de estado complementarias. El planteo acerca de la necesidad de definir a la iglesia católica como persona jurídica privada no difiere en esos puntos. Solo requiere de voluntad política para aceptar el desafío histórico: el momento del debate ha llegado.
Se trata, en fin, no sólo de garantizar la libertad, sino también la igualdad ante la ley y la no discriminación, pilares esenciales de la tradición democrática y republicana heredada de quienes fundaron nuestra Nación, tradición que se refleja en las bases de nuestro sistema jurídico.
El documento presentado por CAEL a la Comisión Bicameral puede consultarse en: http://coalicionlaica.org.ar/CAEL_Audiencia_Codigo_Civil.pdf
Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) acompañamos el planteo hecho por el presidente de la Corte de que el nuevo Código Civil debe comprender a todas y todos, pero insistimos en que es necesario avanzar cuanto antes en la eliminación de privilegios de la iglesia católica, contrarios al principio republicano de igualdad ante la ley.
Días atrás el presidente de la Corte Suprema, el Dr. Ricardo Lorenzetti, coautor del Anteproyecto de Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se refirió en medios gráficos a los planteos de la iglesia católica y su papel en el nuevo Código. En dicha entrevista el presidente de la Corte expresó que la iglesia representa una visión, legítima desde su punto de vista, pero el Derecho debe comprender a todos y que el mismo no debe imponer modelos.
La importancia de un sistema jurídico inclusivo e igualitario fue el punto destacado por el Ministro Lorenzetti en sus declaraciones públicas. Es desde este mismo punto de vista que desde CAEL y otras organizaciones sociales seculares y religiosas venimos cuestionando el estatus de persona jurídica de carácter público de la iglesia católica. Sobre dicho punto, Lorenzetti explicó: Recibimos propuestas para eliminar la Iglesia del listado del artículo 146 del proyecto, pero hemos decidido mantenerlo, por varias razones. La principal es que su eliminación traería consecuencias en muchos otros planos legislativos y políticas de Estado que no se pueden adoptar desde el Código Civil. Si luego se quiere cesar, hay otras leyes que pueden hacerlo, es un problema de legislación especial y de política de gobierno.
Por supuesto, las y los miembros de CAEL coincidimos plenamente en la idea de que el nuevo Código Civil y Comercial debe garantizar la libertad para todas las personas de ejercer su culto y actuar en función de sus convicciones, siendo el único límite razonable a la autonomía y a la libertad, aquél impuesto por nuestra Carta Magna, es decir, la afectación a terceras personas. Sin embargo, disentimos en cuanto a la oportunidad de postergar el debate respecto al carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica. Por cierto, son muchas y muy variadas las reformas introducidas por este Código que también implican enormes consecuencias en otros planos legislativos y políticas de Estado, y que requerirán, una vez aprobado el nuevo Código, de una legislación especial para su aplicación.
Como explicamos en el documento presentado a la Comisión Bicameral (ver abajo), la equiparación de todas las organizaciones religiosas, filosóficas e ideológicas, incluida la iglesia católica, vendría simplemente a garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación garantizadas en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la misma. Ninguna de las otras normas relacionadas a la iglesia católica (art. 2 CN, Acuerdos con el Estado Vaticano, legislación sobre asignaciones a obispos, etc.) impone la obligación de mantener el carácter público de la iglesia. De hecho esto fue una imposición arbitraria de la dictadura de Onganía, la que de ningún modo se regía por los principios constitucionales. Insistimos entonces con la necesidad de que este debate sea dado ahora como parte esencial de la discusión, para garantizar la igualdad y avanzar en un Estado más igualitario, en concordancia con el espíritu general de la reforma.
En cualquier caso, celebramos el hecho de que uno de los autores del anteproyecto coincida con el planteo hecho, entre otras organizaciones, por nuestra Coalición, con la idea de que efectivamente la personería pública de la iglesia católica no es esencial a nuestro sistema jurídico y que puede más tarde o más temprano ser modificada.
Entendemos, simplemente, que este es el momento histórico y la oportunidad legislativa de dar este gran paso. Son muchos los avances que plantea el nuevo Código, y la mayoría de ellos implicarán la modificación de la legislación especial conexa y de políticas de estado complementarias. El planteo acerca de la necesidad de definir a la iglesia católica como persona jurídica privada no difiere en esos puntos. Solo requiere de voluntad política para aceptar el desafío histórico: el momento del debate ha llegado.
Se trata, en fin, no sólo de garantizar la libertad, sino también la igualdad ante la ley y la no discriminación, pilares esenciales de la tradición democrática y republicana heredada de quienes fundaron nuestra Nación, tradición que se refleja en las bases de nuestro sistema jurídico.
El documento presentado por CAEL a la Comisión Bicameral puede consultarse en: http://coalicionlaica.org.ar/CAEL_Audiencia_Codigo_Civil.pdf
domingo, 26 de agosto de 2012
CÓDIGO CIVIL: PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO SOBRE LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA.
Comunicado de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) presentó un documento solicitando a la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación la equiparación de las normas que controlan el funcionamiento de la iglesia católica con los demás grupos religiosos.
En ocasión del inicio de las audiencias públicas, la Coalición Argentina por un Estado Laico presentó a la Comisión Bicameral encargada de dictaminar sobre el nuevo Código Civil y Comercial un documento en el que cuestiona la ratificación que el proyecto del Poder Ejecutivo hace del carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica. La propuesta de CAEL de que la iglesia católica sea una persona jurídica de carácter privado regida por las mismas normas que los demás grupos religiosos, filosóficos e ideológicos tiene su precedente en varios proyectos de ley del Congreso, incluyendo el que a fines de 2011 presentó la Dip. Cecilia Merchán junto a diputadas y diputados de varios bloques, proyecto que fue elaborado en conjunto con CAEL.
En el mismo sentido propuesto por CAEL se pronunció ayer el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), Néstor Míguez, y otras organizaciones lo harán en las próximas audiencias.
Como expresamos en la ponencia presentada, no existen motivos para seguir manteniendo el carácter público de la iglesia católica, el que le fue otorgado por un gobierno de facto como ocurrió con casi todos sus privilegios , al mismo tiempo que se propone definir como personas privadas a las comunidades indígenas pobladoras originarias de nuestro territorio, históricamente oprimidas por el poder de, entre otras instituciones, la propia iglesia católica . El Código Civil de la democracia debería hacer, más bien, todo lo contrario.
Confiamos en que las y los representantes del Pueblo y de las Provincias sabrán leer este momento histórico y se decidirán a dar este gran paso hacia un Estado Laico.
El documento presentado al Congreso puede leerse en http://coalicionlaica.org.ar/CAEL_Audiencia_Codigo_Civil.pdf
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) presentó un documento solicitando a la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación la equiparación de las normas que controlan el funcionamiento de la iglesia católica con los demás grupos religiosos.
En ocasión del inicio de las audiencias públicas, la Coalición Argentina por un Estado Laico presentó a la Comisión Bicameral encargada de dictaminar sobre el nuevo Código Civil y Comercial un documento en el que cuestiona la ratificación que el proyecto del Poder Ejecutivo hace del carácter de persona jurídica pública de la iglesia católica. La propuesta de CAEL de que la iglesia católica sea una persona jurídica de carácter privado regida por las mismas normas que los demás grupos religiosos, filosóficos e ideológicos tiene su precedente en varios proyectos de ley del Congreso, incluyendo el que a fines de 2011 presentó la Dip. Cecilia Merchán junto a diputadas y diputados de varios bloques, proyecto que fue elaborado en conjunto con CAEL.
En el mismo sentido propuesto por CAEL se pronunció ayer el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), Néstor Míguez, y otras organizaciones lo harán en las próximas audiencias.
Como expresamos en la ponencia presentada, no existen motivos para seguir manteniendo el carácter público de la iglesia católica, el que le fue otorgado por un gobierno de facto como ocurrió con casi todos sus privilegios , al mismo tiempo que se propone definir como personas privadas a las comunidades indígenas pobladoras originarias de nuestro territorio, históricamente oprimidas por el poder de, entre otras instituciones, la propia iglesia católica . El Código Civil de la democracia debería hacer, más bien, todo lo contrario.
Confiamos en que las y los representantes del Pueblo y de las Provincias sabrán leer este momento histórico y se decidirán a dar este gran paso hacia un Estado Laico.
El documento presentado al Congreso puede leerse en http://coalicionlaica.org.ar/CAEL_Audiencia_Codigo_Civil.pdf
APORTES EN RELACIÓN AL NUEVO CÓDIGO CIVIL PARA TERMINAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA.
Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para el debate del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aún sigue considerando como persona jurídica de carácter público a la iglesia católica, lo que supone un privilegio que el campo democrático y progresista no puede permitir.
En particular, resulta fundamental la modificación del art. 33 del actual Código Civil, que establece que la iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, lo que le otorga un estatus excepcional en nuestro marco jurídico con beneficios comparables a cualquier institución del Estado. Esto hace, por ejemplo, que sus bienes sean inembargables.
Este privilegio está en franca contradicción con los principios de igualdad ante la ley, libertad de culto y conciencia y laicidad del Estado plasmados en nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Cabe destacar que tal prerrogativa no deriva directamente del art. 2º de la CN y es de hecho de origen relativamente reciente ya que surge de una modificación introducida por "ley" del dictador Juan C. Onganía en el año 1968.
Así, la modificación de tal artículo dejando, por omisión, a la iglesia católica entre las personas de carácter privado, como cualquier otra organización, vendría simplemente a reparar la injusticia cometida por un gobierno de facto que decidió aumentar las prerrogativas de la iglesia católica.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, al igual que otras organizaciones que ya se han manifestado, no comprendemos ni aceptamos esta concesión a una institución religiosa que ha sido cómplice de dictaduras, con una moral anclada en el pasado y principal opositora a los avances en los DDHH de todas las personas, pero especialmente de las mujeres.
Abogamos por un Estado laico como premisa fundamental para la radicalización de la democracia. La decisión de cuestionar, de disentir, de pensar de manera diferente, contribuye a una cultura abierta y a un pluralismo que permite la convivencia en paz. La verdadera democracia exige un estado que tenga en cuenta a la gente, que permita distintas maneras de pensar y actuar y que haya mecanismos políticos que garanticen los derechos de todas las personas. Esto no puede lograrse sosteniendo privilegios a la iglesia católica.
Sólo la separación entre Estado e iglesia será garantía del respeto por el pluralismo religioso existente en nuestra sociedad y reaseguro de la libertad de culto, pensamiento, opción política e ideológica. Desde la Campaña por el derecho al aborto defendemos esta perspectiva como aspecto central de la profundización de la democracia y de la posibilidad de avanzar en el cumplimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos, que forman integral de los DDHH.
Esperamos que los integrantes de la Comisión bicameral que están llevando adelante tan importante tarea, sigan inspirados en las reformas que mejoren la calidad institucional y democrática en pos de mayor inclusión e igualdad. Este aporte consideramos contribuye para estos objetivos.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para el debate del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aún sigue considerando como persona jurídica de carácter público a la iglesia católica, lo que supone un privilegio que el campo democrático y progresista no puede permitir.
En particular, resulta fundamental la modificación del art. 33 del actual Código Civil, que establece que la iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, lo que le otorga un estatus excepcional en nuestro marco jurídico con beneficios comparables a cualquier institución del Estado. Esto hace, por ejemplo, que sus bienes sean inembargables.
Este privilegio está en franca contradicción con los principios de igualdad ante la ley, libertad de culto y conciencia y laicidad del Estado plasmados en nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Cabe destacar que tal prerrogativa no deriva directamente del art. 2º de la CN y es de hecho de origen relativamente reciente ya que surge de una modificación introducida por "ley" del dictador Juan C. Onganía en el año 1968.
Así, la modificación de tal artículo dejando, por omisión, a la iglesia católica entre las personas de carácter privado, como cualquier otra organización, vendría simplemente a reparar la injusticia cometida por un gobierno de facto que decidió aumentar las prerrogativas de la iglesia católica.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, al igual que otras organizaciones que ya se han manifestado, no comprendemos ni aceptamos esta concesión a una institución religiosa que ha sido cómplice de dictaduras, con una moral anclada en el pasado y principal opositora a los avances en los DDHH de todas las personas, pero especialmente de las mujeres.
Abogamos por un Estado laico como premisa fundamental para la radicalización de la democracia. La decisión de cuestionar, de disentir, de pensar de manera diferente, contribuye a una cultura abierta y a un pluralismo que permite la convivencia en paz. La verdadera democracia exige un estado que tenga en cuenta a la gente, que permita distintas maneras de pensar y actuar y que haya mecanismos políticos que garanticen los derechos de todas las personas. Esto no puede lograrse sosteniendo privilegios a la iglesia católica.
Sólo la separación entre Estado e iglesia será garantía del respeto por el pluralismo religioso existente en nuestra sociedad y reaseguro de la libertad de culto, pensamiento, opción política e ideológica. Desde la Campaña por el derecho al aborto defendemos esta perspectiva como aspecto central de la profundización de la democracia y de la posibilidad de avanzar en el cumplimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos, que forman integral de los DDHH.
Esperamos que los integrantes de la Comisión bicameral que están llevando adelante tan importante tarea, sigan inspirados en las reformas que mejoren la calidad institucional y democrática en pos de mayor inclusión e igualdad. Este aporte consideramos contribuye para estos objetivos.
Campaña ¡Chau Roca! - Video proyectado en la comunidad Quom de La Primavera.
Video proyectado en la Comunidad Qom de La Primavera en la provincia de Formosa, durante la reciente visita de una importante delegación de la Campaña ¡Chau Roca! que los visitó entre el 17 y 20 de Agosto de 2012. En el video se muestran distintos eventos de la campaña ¡Chau Roca!, y un saludo, dirigido a Félix Díaz, del diputado del MST en el Mov. Proyecto Sur, Alejadro Bodart, autor del proyecto de ley para retirar el monumento a Roca de la diagonal Sur y reemplazarlo por uno dedicado a la Mujer Originaria y uno de los impulsores de la campaña que encabeza el escritor y periodista Osvaldo Bayer. Para más información ver www.mst.org.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)