En el día internacional de las mujeres la FALGBT se suma al reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito, y una ley de fertilización sin discriminación
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las mujeres la Federación Argentina LGBT reclama la urgente aprobación de la ley de fertilización sin discriminación que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y espera su turno en el Senado. En el mismo sentido suma su voz de apoyo para la aprobación del proyecto de ley de la Campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Críticas al Ministerio de Salud de la Nación, el Jefe de Gobierno porteño y los gobiernos provinciales que no implementan protocolos de aborto no punible.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) desea expresar, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, su profundo compromiso con las causas por una sociedad más justa con igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Sin lugar a dudas, más allá de los avances alcanzados en los últimos años en materia de igualdad en nuestro país, el espíritu de lucha de las mártires de Chicago nos sigue impulsando para ir más allá, hacia una sociedad verdaderamente igualitaria.
Especial atención ocupan en este camino las históricas reivindicaciones del movimiento de mujeres en Argentina que lucha, día a día, para derribar las barreras —visibles e invisibles— que siguen impidiendo un pleno ejercicio de la ciudadanía en real igualdad.
Entre dichas reivindicaciones sin lugar a dudas la de la aprobación de una ley de aborto seguro, legal y gratuito, toma relevancia destacada. El proyecto —impulsado por la Campaña por el aborto seguro, legal y gratuito y más de 50 Diputadas y Diputados— espera hace años su turno para ser debatido, a pesar de la oposición de los sectores que siempre se oponen a la ampliación de derechos, a espaldas de lo que la gran mayoría de la sociedad anhela.
En un mismo sentido se inscribe la aplicación del Protocolo de abortos no punibles en todo el país, en los términos en que lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en la actualidad sólo se encuentran vigentes en Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Chaco, Chubut y Río Negro.
Es por ello que llamamos a los gobiernos provinciales de Mendoza, San Luis, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan a aplicar urgentemente el fallo del más alto tribunal, así como a los gobiernos de Salta, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, quienes cumplen solo parcialmente con el mismo.
Cabe destacar la negativa actuación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien vetó la ley aprobada por la Legislatura porteña que garantizaba el acceso a este derecho a todas las mujeres de la ciudad, y reunía el consenso de un amplio espectro social y político...
...En lugar de estar vigente en la Ciudad el protocolo en los términos que marca la Corte Suprema, se implementó un protocolo restringido, abiertamente violatorio de varios de los requisitos establecidos por el máximo tribunal, en cuya aplicación se llegó incluso al escándalo de revelar información acerca de la primera práctica en un hospital público porteño.
En un mismo sentido llamamos a la reflexión al Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, quien se ha negado sistemáticamente a firmar una resolución para darle mayor jerarquía a la guía elaborada en 2010 durante la gestión de su antecesor, Ginés González García —como le pidió el máximo tribunal—, ni abordó el tema en el Consejo Federal de Salud.
Misma actitud se ha constatado por parte del Ministro Manzur en relación a otra de las reivindicaciones por las que luchamos: la aprobación de una ley de reproducción humana asistida sin discriminación, que tras años de ser debatida sin éxito, logró su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación y espera ser debatida y aprobada por el Senado nacional. Al particular son visibles y notorias las presiones por parte del Ministerio de Salud de la Nación que pretende restringir el acceso a este derecho, resguardando intereses económicos de las empresas de medicina prepaga.
Por todos estos derechos, y por muchas luchas pendientes, una vez más desde la Federación Argentina LGBT nos sumamos a la conmemoración en todo el país del Día Internacional de las mujeres.
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Con ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) expresa su repudio a los obstáculos que funcionarios y funcionarias, dóciles ante el lobby religioso y —particularmente— de la iglesia católica, interponen para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos. En particular, exigimos aborto legal, seguro y gratuito sin más demora.
Incluso para quienes nunca dejamos de militar por la igualdad y los derechos de todas las mujeres, cada 8 de marzo es una oportunidad para un balance y para denunciar —con un poco más de repercusión que la usual— los abusos y la violencia institucional que sufren las mujeres. Y en esta ocasión, desde CAEL no podemos dejar de repudiar cómo el lobby religioso, y en particular el de la iglesia católica, cercenan el reconocimiento y el acceso a los derechos de las mujeres en pie de igualdad, y especialmente a los derechos sexuales y reproductivos.
Los rosarios, las kipás, y tantos otros símbolos religiosos están tan presentes como siempre en nuestros ovarios (bastaría para convencerse de ello con remitirse a la sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la que se trató la Ley de Aborto no Punible, luego vetada por Mauricio Macri). Y los funcionarios y las funcionarias siguen permeables a este lobby, especialmente cuando hablamos de aborto, de reproducción humana asistida, de contracepción quirúrgica, entre otras cuestiones.
Debemos recordar que a inicios del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró en el fallo “F. A. L.” los alcances del art. 86 del Código Penal y exhortó a todos los poderes del estado a garantizar el acceso de las mujeres a los abortos no punibles y a emitir las normas de máxima jerarquía posible que lo garanticen. Al respecto, debemos destacar que sólo seis provincias podría decirse que han cumplido con el pedido de la Corte, mientras que en otras se establecieron protocolos que incluyen restricciones contrarias a lo establecido por el máximo tribunal y en muchas ni siquiera eso. Dos casos, creemos, merecen especial atención.
Por un lado, denunciamos la actuación del Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, quien sistemáticamente se ha negado a dar al protocolo de abortos no punibles desarrollado por su antecesor Ginés González García el rango de resolución. El Ministro no ha, hasta donde sabemos, siquiera llevado esta cuestión a la mesa del Consejo Federal de Salud, y en las pocas declaraciones que se le conocen sobre el tema se ha desentendido de la cuestión y ha delegado la responsabilidad en las provincias.
Por otro lado, debemos repudiar al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Cuando a pesar de la oposición del PRO y sus aliados —oposición muchas veces basada en argumentos religiosos— la Legislatura logró aprobar un protocolo de abortos no punibles de avanzada, que cumplía con todo lo mandado por la Corte, el Jefe de Gobierno, basado en argumentos falaces y algunas mentiras lisas y llanas, decidió vetar la ley. Peor aún, para tratar de mostrar que cumplía con el fallo de la Corte, reveló datos del primer aborto no punible que realizaría la Ciudad bajo el protocolo restrictivo que había firmado el por entonces Ministro de Salud Jorge Lemus, lo que permitió a grupos fundamentalistas ubicar a la mujer que habría de realizarse la práctica —una víctima de trata—, amenazarla, hostigarla, realizar una misa en la puerta de su casa y, finalmente, promover una acción judicial que mediante el accionar abiertamente ilegal de la jueza Myriam Rustán de Estrada logró demorar la práctica algunos días. La violencia institucional sufrida por esta mujer se habría evitado de no ser por la actitud imprudente del Jefe de Gobierno al revelar los datos, y la actitud directamente antidemocrática de vetar basándose en mentiras una ley de la Legislatura.
Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que a lo largo de todo el año pasado el debate sobre el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito de la Campaña Nacional no registró avances. El silencio al respecto de los bloques mayoritarios, la actitud complaciente incluso de algunas y algunos de los firmantes de esos proyectos, y el total silencio de la Presidenta de la Nación, resultan sumamente preocupantes. Más aún, cuando sabemos qué sectores actúan detrás de esas demoras.
Desde CAEL exigimos al Congreso de la Nación dar inicio inmediato a este debate y sancionar una ley que garantice a todas las mujeres el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para terminar con la hipocresía de que las mujeres de clase media y alta aborten clandestinamente con relativa seguridad mientras las mujeres pobres mueren por abortos realizados en las peores condiciones.
También exigimos que en los hospitales públicos se deje de obstaculizar el acceso a la contracepción quirúrgica —garantizada por ley 26.130, pero cuya práctica muchos médicos evitan aun cuando hay convicción de la mujer interesada— y que se tomen medidas efectivas contra la violencia de género y acciones positivas que garanticen avances reales en el ejercicio igualitario de derechos fundamentales, desde una perspectiva que incluya a las mujeres lesbianas y las feminidades trans.
Finalmente, llamamos una vez más a dar todos los pasos necesarios para la construcción de un estado realmente laico, sin el cual la libertad y la igualdad para todas las mujeres no serán más que un eslogan, una mera ficción.
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