miércoles, 28 de diciembre de 2011

¿De qué se trata… la trata?


Alternativa Socialista.

Mi nombre es Adriana Acosta Sosa. Mi bisabuelo fue Victoriano Acosta Sosa. Un tal Acosta lo había comprado como servidumbre en una hacienda y Sosa fue el apellido que mi bisabuelo se puso cuando pudo huir a Asunción del Paraguay. Soy militante del MST porque quiero luchar contra la explotación a los trabajadores y la trata de personas.

El trabajo forzoso, trata y esclavitud de indígenas en Sudamérica sigue siendo una realidad que hay que sacar a la luz y combatir. Nos agravia lo negro, nos abochorna lo indio y en nuestro inconsciente colectivo deseamos no tener relación con ellos. La discriminación reinante en nuestra sociedad está marcada a fuego y es una de las causas de la trata de personas y el trabajo forzoso de indígenas en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Según la OIT, son más de 5.000 las poblaciones indígenas estimadas a escala mundial. La mayoría de ellas se encuentra desprotegida y en riesgo de extinción. Muchas fueron desarraigadas de sus tierras ancestrales por distintos conflictos armados e intereses económicos privados. Eso sigue ocurriendo hoy.

Al despojar a las poblaciones indígenas de sus recursos de vida tradicionales deben pasar por un duro proceso de adaptación a un monstruo capitalista y un sistema económico de créditos que se devora todo a su paso. El analfabetismo, la pobreza extrema, las enfermedades y el poco contacto con otros pueblos los hace vulnerables a la violencia y explotación. La discriminación es la puerta del olvido. La explotación y venta de niños indígenas no sorprende ni indigna lo demasiado como para que las autoridades hagan algo.

¿A qué nos referimos con trabajo forzoso? Según la OIT, el trabajo forzoso de una persona tiene elementos comunes a las prácticas análogas a la esclavitud, donde un individuo o grupo colectivo se ve obligado bajo algún tipo de amenaza a trabajar para otros. La servidumbre por deudas es la situación más representativa de este caso.

Uno creería que el trabajo forzoso sexual representaría el más alto porcentaje sobre el total de los casos, pero constituye entre un 11 y un 15%. El trabajo forzoso agrario y ganadero representa más del 60% de los casos, siendo los hombres jóvenes y adolescentes las víctimas más cotizadas.

Entre las formas más modernas de explotación, la dirigida a zonas transfronterizas sobre inmigrantes indocumentados es la más preocupante. La realización forzada de horas extras bajo amenazas de despido, las condiciones de insalubridad y los bajos salarios son un flagelo común muy poco denunciado. Mendicidad obligatoria y narcotráfico están relacionados al crimen organizado y a las asociaciones ilícitas que aprovechan las tendencias migratorias.

El trabajo forzado es aquél obligatorio exigido bajo amenaza de pena, que en muchos casos puede ser la muerte propia o de un familiar directo, violencia física y/o penas económicas como la exigencia del pago de una deuda. La única diferencia entre ser víctima de trabajo forzoso y la esclavitud es que, en la segunda, la persona es tratada como propiedad privada, comprada a un precio por cabeza según la raza, el sexo, la edad y el aspecto físico, y es sometida a violencia y abusos sexuales. La diferencia es solo teórica. En la práctica el trato hacia la víctima es muchas veces el mismo, sólo que en el trabajo forzoso la víctima ingresa voluntariamente -engañada, pero voluntariamente- y es libre de irse al saldar la deuda. En la esclavitud, la persona es propiedad de quien la compra y es raptada para tal fin. Estas formas de esclavitud perduran hasta hoy en el sistema capitalista, que por su propia naturaleza explotadora y opresora no las combate.

La trata de personas es en el mundo el tercer negocio ilegal en cuanto a ingresos, después del tráfico de armas y del narcotráfico. Muchas veces esos tres negocios ilegales están relacionados. Se han visto casos de compra de niños y adolescentes para campos madereros cuya finalidad era el lavado de dinero del narcotráfico.

Son los gobiernos discriminadores, con sus políticas pseudo-progresistas, los que acorralan a sectores de la sociedad convirtiéndolos en marginadas y vulnerables a estos tipos de explotación. A estas comunidades los gobiernos deberían brindarles ayuda económica, educativa y de salud, sin imposiciones, para que no pierdan sus derechos culturales y puedan mantenerse de acuerdo a su manera tradicional.

El trabajo forzoso debe ser debidamente tipificado como delito grave, tal como se establece en los Convenios de la OIT con relación a estos temas. El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio debe ser objeto de sanciones penales. Aunque en casi todo el mundo el trabajo forzoso se reconoce como delito grave, prácticamente no se registran acciones en la justicia. Es que resulta muy difícil denunciar cuando la víctima le teme a las autoridades, es analfabeta, casi ni habla la lengua oficial y además de indocumentada se encuentra atrapada muy lejos de su lugar de origen y a menudo lejos de alguna localidad.

Se debe sancionar a los autores de estos delitos con todo el peso de la ley y asistir a las víctimas mediante programas de contención y protección, de rehabilitación apropiada tanto física como psicológica y de reinserción social, habitacional y laboral.

Solamente nosotros, los trabajadores unidos a los sectores populares, podemos luchar consecuentemente y terminar con la trata de personas en todas sus formas. Contribución extractada de una investigación en defensa de los pueblos originarios latinoamericanos, publicada en 2007.

*Contribución extractada de una investigación en defensa de los pueblos originarios latinoamericanos, publicada en 2007.




Vilma Ripoll contra las redes de trata - Setiembre 2011 -


Violencia contra la mujer:qué es y cómo enfrentarla.

Por Pablo Vasco para Alternativa Socialista, publicación del MST - Mov. Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur.


Si una mujer es golpeada, no hay dudas. Pero no son los únicos casos. ¿Qué es violencia de género? ¿Por qué ocurre? ¿Qué hacer y cómo combatirla? Trataremos de avanzar algunas respuestas para un tema difícil y complejo, pero que preocupa y afecta a muchas mujeres.
De estadísticas oficiales, en nuestro país hay poco y nada. Pero algunas cifras marcan la magnitud del problema. Una de cada 4 mujeres es víctima de alguna forma de violencia. En una de cada 5 parejas aparece violencia. El 90% de las víctimas de violencia doméstica y de delitos sexuales son mujeres. Un tercio de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando esos abusos. En el 40% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo comete su pareja. Y hay unos 20 femicidios al mes, 240 al año.
Como en los casos de violencia doméstica o intrafamiliar las víctimas sienten miedo, vergüenza o lo consideran “normal”, no denuncian. Por eso las cifras reales son mayores. Hay que dejar de considerar a la violencia contra las mujeres como un problema privado: además de ser un delito es un problema social, cultural y público.

Algunos conceptos
La Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en marzo de 2009, tiene una definición amplia: “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y su seguridad personal” e incluye las cometidas por el Estado o sus agentes.
Un novio o marido que insulta o pega. Obstáculos en el trabajo por estar embarazada o tener hijos. La negación de anti-conceptivos en la salita o el maltrato en el hospital. Un policía que manosea. Un programa o aviso descalificatorio. Son todos ejemplos de violencia contra la mujer. La ley clasifica cinco tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y simbólica) y seis ámbitos posibles (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática).
Pero si bien menciona como base de la violencia las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que la ley no explica es por qué existen. Para nosotros, la causa de fondo de esa desigualdad de poder es la opresión capitalista patriarcal (ver nota abajo). Y esa opresión se expresa cotidianamente dentro de las relaciones de familia, de trabajo o entre el Estado y las personas en general.


La doble cara del gobierno K
Por más buenas intenciones que proclame, una ley no sirve si no se aplica. Quien debe aplicar la Ley 26.485 es el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Y para eso se necesita plata.
En un reportaje en Las 12 del 27 de mayo, Mariana Gras, subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social (!) se queja: “¡Todo el mundo me plantea que el Consejo no tiene presupuesto! A mí no me hables de plata, hablame de políticas”. Pero en el Presupuesto 2011, la partida para el CNM fue de 8 millones: ¡apenas un 0.003 del total! ¿Cómo van a dar, por ejemplo, ayudas para cortar la dependencia económica, que es uno de los motivos que a muchas mujeres les impide salir del círculo de la violencia?
Y algo más básico: los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Después de señalar que se aconseja “un refugio de 30 personas cada 80.000 habitantes”, Gras reconoce “apenas dispongo de 750 camas en todo el país”. Con 40 millones de personas, Argentina precisaría 500 refugios, o sea 15.000 plazas. ¡Hay 20 veces menos de lo necesario!
Qué hacer
Ante un caso concreto de violencia, el primer paso es buscar ayuda. Con un familiar, una amiga, una compañera de trabajo o de estudio, una vecina. Y entonces reclamar la atención a un servicio especializado e incluso hacer la denuncia correspondiente.
A la vez, junto con la salida al caso individual es necesario buscar una respuesta colectiva, política. Por eso hay que unirse y organizarse para exigir que se aplique la ley, para que haya más presupuesto y verdaderos servicios, y también para luchar con esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres que provoca el capitalismo, causa fundamental de todas las violencias. En nuestro partido, compañera, podés encontrar esas respuestas.

Asesoramiento en Capital Federal: Orientación legal y psicológica: Alsina 2163, sáb. de 15 a 17 hs.
La Matanza: Asesoría jurídica gratuita carlosgomezmst@hotmail.com



Capitalismo = explotación + opresión a las mujeres

Por María Damasseno, miembro de la Mesa Nacional de la CTA.



El capitalismo nos explota a toda la clase trabajadora, hombres y mujeres. Sus ganancias las obtiene de nuestra producción, cuyo valor es mucho mayor a los salarios que nos paga. El único afán del empresario es hacer crecer sus ganancias y para eso necesita que los trabajadores rindamos y produzcamos más, hoy y mañana. Como clase, la burguesía necesita generaciones de trabajadores.
Junto con esa explotación, el capitalismo ejerce una opresión especial sobre las mujeres. Como somos nosotras las que podemos tener hijos, de esa diferencia biológica hace una diferencia social y nos asigna el rol de reproductora y cuidadora de la fuerza de trabajo. Por ejemplo limpiar la casa, hacer las compras, preparar la comida o lavar la ropa, siendo a la vez responsables de la crianza de los hijos. O sea, cuidar al marido para que al otro día vaya a trabajar para el patrón y criar a los hijos para que sean los trabajadores de mañana. Este trabajo es esencial para la reproducción del sistema, que las mujeres hacemos gratis.

El valor de nuestro trabajo.
En la Argentina hoy las mujeres sostenemos un tercio de los hogares. Entramos o salimos del mercado laboral según necesite la burguesía. Si trabajamos, nuestro ingreso promedio es menor al de los varones. Y somos las más precarizadas. En ese caso, tenemos doble tarea: el trabajo fuera de casa y las tareas del hogar. Pero aun siendo solo amas de casa, tenemos tareas que implican horas y horas, toda la vida, no remuneradas. La jubilación al ama de casa y la asignación universal por hijo son paliativos, que indirectamente reconocen que la tarea doméstica es trabajo pero no resuelven el problema de que no esté remunerado.
Para tener idea del enorme beneficio económico que producimos, se estima que las tareas domésticas impagas significan en promedio la mitad del valor de la producción. Como la producción total argentina (PBI) de este año vale unos 400 mil millones de dólares, la tarea no renumerada de las mujeres equivale a 200 mil millones de dólares.

Sumate al MST.
La historia demuestra que todos los derechos, sean económicos, democráticos o de género, los conseguimos luchando. Por eso peleamos por la despenalización del aborto, contra las redes de trata, contra toda violencia contra las mujeres, por la plena igualdad económica y política. Podemos y debemos avanzar en conquistar nuestros derechos.
Al mismo tiempo, hasta no terminar con el sistema capitalista seguirán las bases económicas, sociales y culturales de nuestra opresión como género. Por eso también debemos dar la pelea por una sociedad nueva, distinta, igualitaria, donde no haya ninguna forma de opresión y explotación contra las mujeres y los varones: el socialismo.
Esa pelea la damos junto a nuestros compañeros, los trabajadores y sectores oprimidos del pueblo. Para luchar por los derechos como mujeres y también por la construcción de una sociedad socialista, entonces, te invitamos a organizarte en nuestro partido.

Derecho al Aborto. EL SENADO URUGUAYO DIO MEDIA SANCION A LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO

Por  Rocío Magnani para Página 12.


Los senadores aprobaron el proyecto de ley que despenaliza el aborto. Los votos fueron del Frente Amplio y uno del opositor Partido Nacional. Ahora la iniciativa pasará a Diputados. El Congreso ya había sancionado la ley, pero Tabaré Vázquez la vetó.

La despenalización del aborto avanza en Uruguay. Tras un intenso debate que se extendió durante nueve horas, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la práctica en todos los centros de salud públicos y privados hasta la semana número doce de gestación. La iniciativa busca incluir en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2008 el capítulo sobre la interrupción voluntaria del embarazo que vetó el ex presidente Tabaré Vázquez. José “Pepe” Mujica, actual mandatario, adelantó que no rechazará la promulgación del proyecto de ley, que fue impulsado desde las filas de su partido, Frente Amplio, y cuenta con el apoyo para conseguir la sanción el año próximo en la Cámara de Diputados.
El proyecto fue aprobado por el voto de 17 de los 31 legisladores presentes, con el respaldo de toda la bancada del oficialista Frente Amplio y un voto de un legislador del opositor Partido Nacional. “La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no”, afirmó la senadora Mónica Xavier, una de las autoras del proyecto. “Es la oportunidad de que esta Legislatura subsane el vacío legal”, a través del proyecto de ley, que “es tan necesario desde el punto de vista de la consagración de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo”. En la actualidad, las mujeres que abortan pueden recibir penas de entre 3 y 9 meses de prisión, y los profesionales que realizan el procedimiento, de 6 a 24 meses.
A pesar de esa prohibición, los datos oficiales indican que unas 30 mil mujeres abortan por año, aunque organizaciones no gubernamentales señalan que la cifra real podría doblar ese número. Además, encuestas recientes arrojaron que el 63 por ciento de los uruguayos está a favor de una ley que despenalice el aborto. “Es necesario adecuar la ley a la realidad. La interrupción del embarazo, hoy, no es considerada por los operadores involucrados como una transgresión, sean la Justicia, la policía o los médicos”, explicó Xavier a Página/12.
Mientras en Argentina las complicaciones por aborto inseguro son la principal causa de mortandad materna, Uruguay aplica hace años las consejerías pre y post aborto, como estrategia de reducción de riesgos y daños para evitar que las mujeres se mueran o tengan secuelas en su salud por practicarse abortos clandestinos. Si enfrentan un embarazo que no quieren proseguir, se les habla en el marco de la consulta médica sobre los métodos más seguros para interrumpirlos, como el uso de la droga misoprostol, y se las advierte sobre los riesgos de caer en técnicas precarias. Luego, se las atiende para que no sufran hemorragias ni infecciones.
Según establece el texto del proyecto de ley, para ejercer el derecho al aborto “bastará que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción; situaciones de penuria económica; sociales; familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”. Todas las instituciones sanitarias del país estarán obligadas a practicar abortos a las mujeres –que sean mayores de edad y tengan más de 24 meses de residencia en el país– que lo soliciten, aunque reconoce el derecho de los médicos –no así los centros de salud– a negarse a hacerlo sin que sean sancionados por ello.
Fuera del plazo establecido por la ley, podrán acceder a la realización del procedimiento las embarazadas producto de una violación con denuncia judicial, aquellas para las que la gestación ponga en riesgo su salud y si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina. Los médicos deberán dejar constancia en la historia clínica de las pacientes a las que se les ha practicado un aborto.
El legislador del Frente Amplio José Luis Gallo Imperiale, presidente de la Comisión de Salud, declaró a principios de mes que en el partido, de amplia mayoría en la Legislatura, están asegurados todos los votos para la aprobación. Para el senador “es imperativo legislar en esa materia, por razones de salud poblacional y de políticas sanitarias, porque la legislación que criminaliza el aborto y no lo elimina de la práctica social genera profundos daños a las mujeres que deben enfrentar dicha intervención en condición de clandestinidad”.
Mientras el debate se extendía en el recinto, cientos de manifestantes pro aborto y conservadores se manifestaron en las puertas del Parlamento. Uruguay es un Estado laico. “Para la religión la interrupción del embarazo puede ser un pecado. Pero para el Estado no puede ser igual pecado a delito. No somos censores morales, somos legisladores, por suerte en una sociedad diversa. Necesitamos el reconocimiento de la diversidad de esa sociedad para hacer la norma más equitativa”, exhortó Xavier. Insistió, además, en que el proyecto busca desarrollar la educación y la formación sexual.
En 2008, Tabaré Vázquez vetó “por razones filosóficas y biológicas” el capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto, a pesar de que casi todo su bloque de legisladores, Partido Socialista, había votado a favor. Mujica, no obstante, declara desde la época de su campaña electoral en 2009 que, como presidente, no se opondrá a una eventual ley que surja desde el Poder Legislativo e incluya la despenalización del aborto. El proyecto será tratado a partir de marzo de 2012 en la Cámara de Diputados uruguaya. La senadora Xavier opinó que “para algunos países este debate podría resultar inspirador”

sábado, 24 de diciembre de 2011

ARGENTINA: EL DERECHO AL ABORTO EN PLENARIA.


Escuchá  las palabras de compañeras que participaron de la última Plenaria  del año 2011 de la   Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y  Gratuito el pasado 17 Y 18 de Diciembre en Córdoba, Argentina.  "Alerta,  alerta/ alerta comadrona/ el huevo no es gallina/ y el cigoto no es  persona".
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 Informe  2010 sobre interrupciones voluntarias de embarazos en España.

Conversamos  con Victoria Virtudes, feminista, especialista en salud  sexual y reproductiva de la Clínica El Bosque acerca  de los datos que se derivan del informe sobre  el número de interrupciones voluntarias de embarazos durante 2010 del  Ministerio de Sanidad español.
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viernes, 23 de diciembre de 2011

En 2012 vamos por mucha más diversidad e igualdad.


Declaración ante el debate en Uruguay: ABORTO LEGAL, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA EN SUDAMÉRICA.

Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,  Seguro y Gratuito de Argentina, apoya y acompaña a las ciudadanas y los ciudadanos del Uruguay en el  debate del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del  Embarazo que se realizará el próximo 27 de diciembre de 2011  en la Cámara  de Senadores del país vecino.

La criminalización del aborto y los obstáculos que la clandestinidad impone al acceso a intervenciones seguras constituyen una violación de los derechos humanos de las humanas del Cono Sur y, por tanto,   la despenalización/legalización del aborto es una deuda que las democracias sudamericanas tienen con su ciudadanía.     

Saludamos todos los avances que en la Región afirmen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos, amplíen el acceso a la salud, afirmen la justicia social, contribuyan a erradicar la discriminación contra las mujeres y fortalezcan los derechos humanos.

Hoy se avanza en Uruguay, esto es auspicioso y un enorme aliento para que en Argentina se inicie el período legislativo 2012 con el debate del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo, que ya dio los primeros pasos en el debate en la Cámara de Diputados de la Nación durante el año que finaliza.

 De este modo, nos solidarizamos con la Campaña Aborto Legal - Uruguay. ¡Son tus derechos, hacelos valer! En apoyo a este camino de  avances del Uruguay invitamos a todas y todos a escribir en las diferentes redes de comunicación “¡Aborto Legal en el Uruguay: es tu derecho, hacelo valer!”.  La lucha por la ampliación de los derechos en Uruguay es nuestra lucha.

Educación sexual    ....        para Decidir.
Anticonceptivos para     ....       no Abortar.
Aborto Legal       ....     para No Morir.
 

Santa Fe: Declaró el joven que denunció haber sido agredido por ser homosexual.

Uno.

Por los golpes recibidos sufrió desviación del tabique nasal, fractura y hundimiento de un pómulo. La víctima ya identificó a su agresor.

El joven de 23 años que había denunciado que fue agredido por otro por se homosexual a la salida de un boliche, declaró en el Juzgado Penal de Instrucción de Rafaela. La salvaje agresión le provocó fractura y hundimiento de pómulo y una ligera desviación en el tabique nasal.

Ante las autoridades pertinentes, Damián, el chico agredido, dijo: “Se bajó de un auto, me preguntó dónde había alguna pizzería y luego me dio un golpe de puño en la cara. Al irse me gritaba ‘puto de mierda’ y después estuve cuatro días internado”.

El joven agredido, que milita en la Asociación VOX Rafaela que lucha por la igualdad de las minorías sexuales, tuvo un tiempo considerable de recuperación debido a la gravedad de las lesiones e identificó claramente al autor de la agresión. “Este no es el primer caso de este tipo en Rafaela y no quiero que esto le vuelva a pasar a ninguna otra persona gay, lesbiana, bisexual o trans”, afirmó la víctima de un caso claro de discriminación, según su relato.

Por ese motivo es que desde la Asociación Civil VOX, se exige que se terminen los casos de impunidad ante actos discriminatorios por orientación sexual o identidad de género y que en conjunto con el equipo jurídico se denuncien y no se pasen por alto.

La FALGBT expresa preocupación ante cambios institucionales en las delegaciones del INADI.

Comunicado.

Diversos cambios en las delegaciones provinciales del Instituto excluirían a referentes históricamente comprometidos con la igualdad y los derechos del colectivo LGBT. Por otra parte preocupan las presiones de sectores conservadores para incidir en los nuevos nombramientos.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans manifiesta su preocupación ante las versiones sobre cambios en las delegaciones del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

Dichas versiones tomaron relevancia a partir de la exclusión de algunos delegados y delegadas de una reunión nacional convocada por el Interventor del Instituto, Sr. Pedro Mouratián, que se realizó en el día de ayer; lo que constituiría un preludio a cambios institucionales que, de acuerdo a datos recibidos por la FALGBT, responderían a presiones ejercidas por sectores conservadores y reaccionarios de algunas provincias, sectores que se opusieron al matrimonio igualitario y estarían operando una vez más para intentar que quien represente a tan importante organismo del Estado Nacional no sea un defensor de este y otros Derechos Humanos.

Es preocupante en particular la presión sobre el Delegado de San Juan, Dr. Horacio Rodríguez del Cid, quién defendió el matrimonio igualitario así como otros temas relacionados a la diversidad sexual, a la no discriminación y la igualdad para todos y todas en dicha provincia.

Desde la FALGBT, solicitamos al Gobierno Nacional que la representación del INADI en cada provincia sea ejercida por personas de comprobado compromiso con todas las luchas de Derechos Humanos (matrimonio igualitario, identidad de género, legalización del aborto, violencia de género, migrantes, VIH-sida y demás) sin exclusión, como así también el respeto de las fuentes de trabajo de las y los compañeros/as del Instituto, gran parte de los cuales se encuentran terciarizados y sin estabilidad laboral.

Por otra parte preocupa a la FALGBT la omisión del eje de trabajo sobre diversidad sexual en la planificación 2012 del Instituto, siendo que durante ese año el Parlamento nacional deberá avanzar en la sanción definitiva de la Ley de Identidad de Género, y el Estado Nacional en la implementación de los servicios de salud y procedimientos administrativos para el completo cumplimiento de la misma, entre otros ejes relevantes de la agenda LGBT.

La FALGBT y ATTTA rechazan resolución de la Municipalidad de Santiago del Estero que discrimina y estigmatiza al colectivo trans.

A través de una resolución del Juzgado de Faltas de 3ra. nominación de la Municipalidad de Santiago del Estero, el juez Marcelo Agüero prohibió la actividad del colectivo trans en la vía pública y habilitó a la Policía provincial a efectuar las detenciones correspondientes, en lo que constituye un claro acto discriminatorio y violatorio de los derechos individuales. En 2008 el municipio había firmado su inclusión en el programa "Ciudades libres de discriminación" del INADI.

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans y la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) repudian la resolución del Tribunal de Faltas de 3ra. nominación de la Municipalidad de Santiago del Estero que discrimina abiertamente a travestis, transexuales y transgéneros, y restringe los derechos constitucionales de libre circulación e igualdad.

Entre los considerandos el Dr. Marcelo Agüero, a cargo del Juzgado de Faltas afirma que con el objetivo de "fijar normas que faciliten la convivencia" a fin de evitar las "exhibiciones...de personas que se encuentran en la vía pública... en actitudes reñidas con las pautas morales cuanto pueden significar incitación a cometer actos que solamente pueden ser reservados al ámbito privado", y resuelve "prohibir toda actividad de personas o grupo de personas que implique la exhibición de su cuerpo" y "facultar a la Policía de la provincia... para la ejecución de la presente."

Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT expresó "estamos realmente preocupados con el dictado de esta resolución claramente discriminatoria y estigmatizante para el colectivo trans, lo que implica un retroceso cuando a nivel nacional el Congreso de la Nación ha dado un respaldo contundente al derecho a la identidad y dignidad del colectivo trans con la media sanción de la Ley de Identidad de Género."

Asimismo Luisa Paz, coordinadora provincial de ATTTA en Santiago del Estero agregó "con este tipo de medidas la comunidad trans de nuestra provincia seguira siendo sometida a practicas discriminatorias y tambien a actos de violencia solo por tener una orientacion Sexual ó una identidad de genero diferente. Además se nos discrimina y estigmatiza en base a prácticas sociales a las que la propia sociedad nos condena."

Por su parte Marcela Romero, Presidenta de ATTTA y Secretaria General de la FALGBT expresó "hace años que luchamos para la derogación de los artículos discriminatorios de los Códigos de Faltas. En Santiago del Estero lo logramos en 2008 y en muchas otras provincias también. Resoluciones como esta son un retroceso grave, a contramano de la legislación nacional que avanza en un sentido de ampliación y reconocimiento de derechos."

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre leyes, prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género.

Resumen.
Este informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con su resolución 17/19, en la que el Consejo pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que encargara la realización de un estudio a fin de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos podía aplicarse para poner fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos humanos motivadas por la orientación sexual y la identidad de género.

Ver el informe completo.


Hallaron desnudo y degollado a un policía gay en San Juan

La Voz.

El crimen del policía sanjuanino Mario Vega, encontrado muerto en un camping de las afueras de la Capital de San Juan, habría obedecido a un móvil "pasional", según afirmó esta mañana el juez de la causa, José Atenágoras Vega. El oficial fue encontrado degollado y su cuerpo desnudo en el interior de un auto estacionado en el camping del departamento de Chimbas, en el Gran San Juan. Brutal asesinato.

El cuerpo presentó seis puñaladas, una en el pecho, otra en la nuca cerca de una oreja y otros cuatro puntazos profundos en el cuello, y además tenía quemaduras en los brazos. Para el magistrado interviniente, "todo lleva a suponer que se trata de un crimen pasional". "Por las características del homicidio, y luego de haber recabado varias pruebas, hasta el momento me llevan a investigar esta hipótesis", declaró Vega al portal Tiempo de San Juan. Fuentes de la investigación hicieron saber que, por la poca cantidad de sangre que encontraron en el vehículo, la víctima podría haber sido asesinada en otro lugar para luego ser llevada al camping. El hasta ayer jefe de Policía y fla mante secretario de Seguridad provincial, Miguel González, señaló que anoche se realizaron dos allanamientos sin éxito, y que esta mañana se llevarán a cabo otros tres para dar con los responsables del hecho. "Siempre la pérdida de la vida humana es dolorosa, pero al ser miembro de la fuerza, cala hondo", lamentó González en declaraciones a Radio Colón. Vega tenía 52 años, era oficial inspector y se desempeñaba en la comisaría 24 del departamento Lawson. Era miembro de la comunidad gay sanjuanina y conocido en el ambiente por sus performances artísticas caracterizado como "Drag queen", según revelaron desde La Glorieta, espacio que en la ciudad cuyana nuclea al colectivo de gays, lesbianas y travestis. Vega fue visto por última vez el lunes a la noche, cuando terminó su jornada de trabajo, confirmó el comisario Juan Reina, su jefe en la seccional. Sin embargo, no volvió a su casa, donde vivía con su madre.

Indagaciones.
La policía indagó anoche al joven que era su pareja, pero éste negó haberlo el lunes.

Femicidios: Sobre el avenimiento y la liberación de violadores “por acuerdo”.




El asesinato de Carla Figueroa y la presunción de que su posible victimario sea su flamante esposo y anterior violador, Marcelo Tomaselli, puso en cuestión la relación entre violación y avenimiento.

Más allá o más acá del vocabulario, la institución del avenimiento, aplicada a asaltos sexuales, se basa en criterios sobre siquismo, sexualidad y género a los que se supuso científicos pero son erróneos y -en algunos casos- de naturaleza francamente perversa.

Tales criterios, presentes en la vieja ley sobre delitos sexuales, se mantuvieron en la ley 25087, de 1999, por lo que sería preciso que los actuales diputados y senadores se hagan cargo del triste legado y se aboquen producir una ley con perspectiva de género, fundada el conocimiento científico y que se constituya en una avanzada contra todas las formas de ataque sexual.
Al fin de cuentas, en un país que comenzó a poblarse en base a violaciones, legislar conforme a derecho es restablecer historia, identidad y salud mental.

Retomando, en las condiciones actuales la institución del avenimiento:
1- Presupone que el violador tiene un sólo objeto de agresión, la víctima circunstancial. Si no se partiera de ese presupuesto no se podría dejar librada a la decisión de la víctima el mecanismo por el cual el agresor puede quedar en libertad. Se dice que “las cárceles no son para castigo sino para resguardo” (de la sociedad y del que delinque). Pues bien, en este caso no es la sociedad la que decide que no debe ser resguardada, sino una sola persona: la víctima.
No existe evidencia clínica ni investigación que demuestre que el violador esté fijado a un solo objeto de agresión sexual. Por el contrario, existen innumerables casos que demuestran la naturaleza compulsiva de tales actos y su tendencia a la repetición.
Por otra parte, ya que dejamos a la víctima activar la posibilidad de liberar al agresor sexual, en el caso opuesto de víctimas que no “se avienen” ¿por qué no les preguntamos qué penas quieren que se le aplique?

2- Avenimiento es acuerdo tras un disenso, una reconciliación. Establecer tal institución entre violador y violada es suponer como pares a dos personas que en realidad están en situación antagónica: uno es un delincuente agresor y otra es una víctima agredida. Se produce así una paridad perversa que borra lo que diferencia a ambos y deja librado el camino para borrar el delito mismo.(“en tal caso la pena quedará extinguida” reza el art 15 de la ley 25087)

3- Establecido el "malentendido" inicial y habilitada la institución del advenimiento como un hecho individual en el que la única decisión de naturaleza social correría por cuenta de los jueces intervinientes, se avanza a otro falso presupuesto: considerar que la víctima está en condiciones inequívocas de decidir libremente si avenirse o no.
Tanto por el resto de sexualidad que reviste a la violación como por la batería de prejuicios sociales con que se conecta, pesan sobre la víctima una serie de presiones que dificultan que pueda elegir libremente.
En primer lugar pueden operar formas regresivas, ligadas a fantasías de seducción y erotismo infantil que resultan culpabilizantes para la víctima. Muchas veces son esos sentimientos los que operan a la hora de no denunciar una violación o de sentir culpa por no haber resistido lo suficiente o por haber motivado al agresor de manera inconciente.
En mujeres abusadas y/o víctimas de agresión reiterada en su infancia, puede agregarse un resto de duda –por lo tanto de culpa- acerca de los sentimientos que se activaron en el momento de sufrir la agresión sexual.
No hay por lo tanto base científica alguna para suponer capacidad de libre elección al momento de“avenirse”.

4- Se instala como mecanismo de restitución de algún tipo de honor perdido que el agresor reconozca a la víctima como pareja, esto es como mujer digna de cohabitar y compartir su vida con el violador. Basta considerar una de las reformas que la ley 25087, de 1999, introduce respecto a la vieja ley sobre delitos sexuales. Esta última establecía en su artículo 132 que “en los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro”. La nueva ley no requiere del matrimonio previo.
No se ve otra explicación de aquel párrafo que el entendimiento del /los legisladores y jueces de que “la ofendida” (¿se hablará del mismo modo cuando se trata de un banco y alguien lo roba?) deja de serlo si el que usó su cuerpo “se aviene” a legitimar ese uso mediante el compromiso de pareja. Hablando más claro, se vuelve al primitivo concepto patriarcal: el varón –violador o no- da pureza a la mujer impura al reconocerla como su par. Como supo decir un dinosaurio de la Corte al que no le caía bien el matrimonio igualitario, el “mater” “munium” (oficio de), es un reconocimiento de que la mujer puede establecer familia (literalmente “oficiar de madre”) por vía institucional… a instancias de un varón. O, sencillamente, legisladores y legisladoras, conocen de la cotidianeidad de la violación dentro de matrimonios y en lugar de sentar precedente en contra de tal práctica prefieren avanzar a legitimarla por medio de esta institución del advenimiento.

5- Convalida, mediante los mecanismos y presupuestos anteriormente descritos, toda una
batería de prejuicios sociales respecto a la sexualidad femenina y el derecho a ejercerla libremente, en particular aquellos que tienden a culpabilizar a la víctima de la conducta del /los agresores. Volviendo a la libre elección del avenimiento por parte de la víctima: supongamos una chica violada a los 13 años y conocida esta violación por todos los varones de su entorno, si llega a juicio con suerte a los 16 años, edad a la que ya podría avenirse. ¿Qué puede hacer para adquirir reconocimiento social y aceptación en ámbitos tradicionales, sujetos a prejuicio? La Ley tiene su respuesta: avenirse.Prescindo en este texto de ocuparme de otras perlas de la legislación vigente, el concepto de "acceso carnal” por ejemplo, cuyas variantes hacen dudar no sólo del conocimiento sino de la salud mental de quienes los convalidan.

En todo caso, un abordaje legislativo abriría camino a revisarlos en beneficio de toda la sociedad.

Mendoza: tratamiento de respeto a la Identidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.


Comunicado de la Subsecretaría de Género y Diversidad FFyL.

El día jueves 24 de noviembre del 2011, la Agrupación Paulo Freire, junto con la Subsecretaría de Género y Diversidad de la Facultad de Filosofía y Letras y la Organización Diversidad Universitaria, presentó ante la Comisión del Consejo Directivo de FFyL. el Proyecto de Resolución para el Reconocimiento de las Identidad de Alumnas/Alumnos, Docentes y No Docentes. En dicha Comisión, al momento de tratar el proyecto sólo se encontraban tres de sus integrantes: la Consejera Alumna por la Agrupación Osvaldo Soriano, dos Profesoras Consejeras y l@s alumn@s que presentaron el proyecto. Al no haber quórum para la discusión formal del proyecto no se pudo dictaminar en ese momento a favor ó en contra por lo que se decidió tratarlo al jueves siguiente en plenario. Durante esta sesión de comisiones l@s alumn@s que presentaron el proyecto debatieron sobre el mismo con las tres consejeras presentes. En esta discusión se escucharon argumentos por parte del plantel docente como: “Somos una Facultad que forma docentes y un travesti no da con el perfil del docente (…) tengo derecho a pensar diferente y si me dicen que discrimino, Sí discrimino”[sic] otros de los argumentos planteados en contra fue: “Estas son luchas de hace 20 años, estas cosas ya no pasan” “me rió de estas luchas y de las luchas feministas que dicen que no logramos puestos de poder, con un Presidenta, una Decana mujer y nosotras en el Consejo” [sic].

Estas mismas profesoras aseguran no discriminar y para demostrarlo podrían “hacer una lista de todos los alumnos gays y lesbianos de su departamento” [sic]. Al no lograr un dialogo respetuoso por parte de las docentes, se decidió no seguir con la conversación y dejar que se tratara con la totalidad de l@s consejer@s.

El día jueves 1 de diciembre de 2011, se presentó el proyecto en plenaria. Las Agrupaciones y Organizaciones que apoyaban la iniciativa se encontraban afuera del recinto y no fueron convocadas para defender ante el Consejo el proyecto presentado al momento de ser discutido en el interior. Hacia el final de la sesión una de las consejeras alumnas nos advirtió que el Consejo ya se había expedido con una Declaración en la que se sostenía “esperar a que el Congreso de la Nación diese la media sanción faltante para que se aprobase la Ley de Identidad de Género”. Al ser consientes de la situación se apeló a re discutir la decisión tomada para que las Agrupaciones y Organizaciones pudieran participar. Las Agrupaciones (Diversidad Universitaria, Diversidad Socialista, Secretaría de Género y Diversidad FFyL) argumentaron que el proyecto debería tratarse prontamente y en independencia de la discusión en el Congreso de la Nación, garantizando a tod@s el respeto de identidad en el ingreso y la permanencia en la Facultad.

La señora decana de la Facultad instó a un nuevo debate basado en las nuevas argumentaciones y buscando el consenso. La discusión giró en torno a la “ilegalidad” del proyecto y al “pánico” que les suscitaba a algun@s consejer@s el que hubiera “una persona con dos identidades”. Ante la aplastante negativa del Consejo a tratar el proyecto, la decana lo sometió a votación con la reforma que ella había incluido de que se tratara en la última sesión del año. De 10 consejer@s presentes, 6 votaron EN CONTRA. La votación se consolidó de la siguiente manera: Votos a Favor (de que se siguiera tratando y debatiendo en la próxima Sesión Plenaria): Sra. Decana Adriana García; Prof. Moira Alessandro; Mercedes Barischetti (por los Profesores); Sandra Mallima (Personal No Docente) y Aimé Britos (Consejera Estudiantil por la Agrupación Osvaldo Soriano). VOTARON EN CONTRA: Prof: Viviana Boch, Prof. Rubén Peretó Rivas, Prof. Gladis Granata; Prof. Susana Albornoz (por los profesores); José Mendoza (Egresado) y Eugenia Moyano Guilhou (Consejera Estudiantil por la Agrupación Franja Morada).

Ante esta situación, les pedimos compañer@s que junt@s elevemos la voz contra estos actos homo-lesbo y transfobicos que tienen lugar en el mismo seno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, los y las instamos a presentar notas al Consejo Directivo y al Centro de Estudiantes que conduce la Franja Morada pidiendo no sólo explicaciones sino también se revea este tipo de prácticas y acciones discriminatorias.

FILOSOFÍA Y LETRAS SE PONE DE PIE Y DA GRITOS DE IGUALDAD.

viernes, 9 de diciembre de 2011

NEGAR EL DERECHO AL ABORTO NO PUNIBLE ES UN DELITO y UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS HUMANAS.

Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.


A través de un comunicado supimos que: “A la mujer a la cual le impidieron el aborto terapéutico a las 19 semanas en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, Entre Ríos y que fue derivada al Hospital Posadas el 14 de agosto, por su cardiopatía congénita no corregida, a 7 días de su cesárea, ha sido internada en terapia intensiva porque el día 02/12/11 sufrió un ACV (accidente cerebro vascular) isquémico lo cual le ha producido una parálisis de brazo y pierna izquierda. Se espera una nueva tomografía que confirme la extensión del daño”. Esta situación nos indigna profundamente.

Recordemos que el 4 de agosto de este año, un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque de Paraná, acordó la realización del aborto terapéutico, permitido por el Artículo 86 del Código Penal, con el consentimiento de la mujer, a la que conocemos como MG. Esta práctica era necesaria dada su cardiopatía y había sido pedida por ella. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a la irrupción en la sala pre-quirúrgica de un médico conocido por su accionar anti-derechos. La cruzada logró su cometido: impedir la práctica del aborto. El bebé nació con idéntica malformación que su madre. Lo que provocó la negativa del derecho conculcado es un agravamiento para la vida y salud de MG, quien desde agosto permanece internada en un hospital de alta complejidad a 500 kilómetros de su lugar de residencia, lejos de su familia. MG, empobrecida económicamente y por tanto portadora de una serie de vulnerabilidades extras, tiene también un hijo adolescente.

El derecho a la vida está en correlación con otros como la igualdad, dignidad, justicia, autonomía y libertad. Cuando se realza uno sólo, estamos frente una operación política e ideológica. Un discurso que quiere presentarse desde la neutralidad, un nuevo supuesto totalitario: la sacralización de la vida. En realidad lo que intenta es poner en valor absoluto la vida en gestación, para subvalorar, desconocer y hasta despreciar la vida de las mujeres. El resultado concreto es una nueva operación del patriarcado para controlar la vida y vulnerar el derecho a decidir de las mujeres.

Asistimos en este caso de abuso de poder y maltrato institucional.
Negar el aborto no punible es un grave delito y se convierte -como en este caso- en un voto de tortura y de muerte para las mujeres, a quienes se les exigen sacrificios extremos e inmaculados, sin importar las consecuencias para ellas ni para sus seres queridos/as. Desde las cruzadas anti-derechos se llama insistentemente a violar los derechos humanos de las humanas. Lo más grave es que desde las instituciones del Estado, en particular desde el Ministerio Provincial y Nacional de Salud, se consolide la desprotección extrema por acción u omisión y se violen normativas vigentes en Argentina referidas a la protección de derechos de las mujeres, como es la Ley Nacional 26.485.

La situación de MG y su familia significa una verdadera vergüenza institucional, pone de manifiesto de modo paradigmático la inaccesibilidad al aborto no punible y la discrecionalidad ilegal y anti-laica con la que se mueven actores del sistema público de salud, muy distantes de su función de proteger la salud e incurriendo en grave iatrogenia. También muestra los efectos perversos de la pobreza y la falta de recursos para el acceso real a los derechos sexuales y reproductivos.

Como Campaña Nacional:
  • Nos ponemos a disposición de la familia de MG para acompañar el tránsito por esta difícil situación.
  • Responsabilizamos a las autoridades de salud pública de la provincia de Entre Ríos y a todo el personal del hospital que negó la aplicación del Artículo 86 del Código Penal del actual estado de salud de MG.
  • Demandamos las autoridades correspondientes investiguen la actuación del profesional que intervino en la esfera privada de MG antes de la práctica, que se sancione a todos los responsables, incluyendo la prohibición de seguir ejerciendo la medicina para quienes corresponda.
  • Exigimos la inmediata aplicación del Artículo 86 del Código Penal, en todos los casos que éste amerite, respetando lo establecido en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles emitida por el Ministerio de Salud durante la presidencia de Néstor Kirchner y lo que ha venido sosteniendo de modo consistente la jurisprudencia en esta materia, incluido las Cortes Supremas de Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro.
  • Exigimos que se dé rango de Resolución Ministerial a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles para que sea de cumplimiento obligatorio en los servicios públicos de salud en todo el país.
  • Insistimos en el cumplimiento de normativas y políticas públicas que concreten la efectiva laicidad del Estado.
  • Reclamamos que Congreso Nacional discuta y apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.


Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

La FALGBT y ATTTA repudian nuevamente declaraciones discriminatorias hacia el colectivo trans por parte de la conductora de televisión Susana Gimenez.

Comunicado de la FALGBT.


Por tercera semana consecutiva, en el marco del sketch que realiza con Antonio Gasalla, la conductora de televisión se refirió en términos agraviantes hacia el colectivo travesti, transexual y transgénero, y cuestionó los avances de inclusión social y laboral para el colectivo. Desde la FALGBT y ATTTA se solicitará una disculpa pública.


La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans y la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) repudian las declaraciones de la conductora de televisión Susana Gimenez quien se expresó de forma discriminatoria y agraviante hacia el colectivo travesti, transexual y transgénero de Argentina.

La animadora en el marco del sketch que realiza junto al actor Antonio Gasalla rechazó abiertamente la medida tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el reconocimiento de la identidad del personal trans de las fuerzas de seguridad en términos agraviantes.

Estas declaraciones ocurren por tercer semana consecutiva en el mismo ámbito mostrando una animosidad manifiesta de Gimenez hacia el colectivo LGBT, y se suma a las declaraciones que ya valieron un fuerte repudio de las lesbianas y mujeres bisexuales.

Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT, expresó "en momentos en que el país debate la ampliación de derechos para el colectivo trans, y ese debate ha alcanzado el más alto consenso en la Cámara de Diputados, estas expresiones no contribuyen a la inclusión social del colectivo trans que merece todo el respeto por parte de la sociedad."

Asimismo agregó "llaman la anteción estas declaraciones de una persona que dice públicamente tener amigas y amigos en el colectivo trans, entre ellas Florencia de la V quien luchó por años para el reconocimiento de su identidad, la cual fue lograda por una acción del equipo jurídico de la FALGBT."

Por su parte Claudia Pía Baudracco, Secretaria de mujeres trans de la FALGBT y Coordinadora nacioanl de ATTTA expresó "pareciera que a Susana Gimenez le molesta que las mujeres y varones trans nos insertemos laboralmente en ámbitos diferentes al del trabajo sexual o la prostitución. Nuestra lucha es justamente por abrir espacios de inclusión en todos los ámbitos, incluidos el de los espectáculos y las fuerzas de seguridad."

Transfobia en Córdoba a cinco días de la media sanción de la Ley de Identidad de Género.

Comunicado de Devenir Diverse - FALGBT.

El 5  de diciembre una compañera trans de ATTTA Córdoba fue detenida por la Policía de Córdoba en el centro comercial "Patio Olmos" de nuestra ciudad alrededor de las 16 hs. por pedido de comerciantes del lugar que se quejaban de su presencia en una actitud discriminatoria repudiable.

El agente "Oviedo" le pidió identificarse y la llevó hasta el subsuelo del centro comercial desde donde la trasladó detenida hasta la UCA (Unidad de Contención de Aprehendidos). Sin embargo, previo a permitirle hacer una llamada le había informado que sería trasladada a la Comisaría 10° hasta donde acudieron activistas de ATTTA y Devenir Diverse, organizaciones locales de la Federación Argentina LGBT. Allí les informaron que estaba en la Comisaría 4° y una vez allí que estaba en la Comisaría 1°, en una evidente estrategia de desinformación y aislamiento de la compañera. 

Gracias a la presión de las organizaciones fue liberada unas horas después luego de haberle aplicado una contravención del inconstitucional Código de Faltas que nunca le informaron. Ante el pedido de explicaciones los agentes de seguridad respondieron que la habían encerrado por "escándalo"... 

Repudiamos la persecución policial y la discriminación sistemática que sufre la diversidad sexual y de género en nuestra provincia y en particular en el centro comercial Patio Olmos donde el año pasado ya habían sido echadas dos mujeres lesbianas que estaban paseando de la mano. Exigimos el fin de la represión policial al colectivo travesti, transexual y transgénero y la sanción a los agentes que aplican el Código de Faltas con fines discriminatorios. Exigimos también la derogación urgente del Código de Faltas y todos los instrumentos legales que habilitan a las fuerzas de seguridad a perseguir al colectivo trans.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Las mentiritas de monseñor Aguer sobre la ley de identidad.

Reproducimos la nota de Tod@s de Bruno Bimbi.



Por Bruno Bimbi.

Está circulando en el Congreso un email en cadena contra la ley de identidad de género que pide a los/as diputados/as que, antes de votarla, presten atención a la historia de John Money. Dice el email:
“(…) tenga en cuenta el caso del doctor John Money, y sobre todo una intervención suya que pretendió dotar de fundamento científico a la perspectiva de género, sobre la que descansa este proyecto de ley. Nacieron en Canadá, en 1965, dos mellizos varones con igual patrimonio genético, uno de los cuales tenía una pequeña dificultad en el miembro viril. Al chico se le hace una operación de circuncisión, torpemente ejecutada y le queman el pene. Entonces fue consultado el Dr. Money, que ya era famoso, quien propuso operarlo; le amputó los órganos viriles, prescribió un tratamiento hormonal e impuso a los padres educar a ese chico como una mujer. Lo vistieron de rosa, le dieron juguetes de mujer, como se estilaba entonces y demás. Pero resulta que el chico crece, y va manifestado actitudes totalmente masculinas. Su vida es un verdadero conflicto consigo mismo. (…) Resulta que este muchacho, ya crecido y con ese conflicto a cuestas se entera de lo que le había ocurrido, que en realidad era un varón y, entonces, exige volver a ser lo que debía haber seguido siendo siempre, lo que era en realidad. Se sometió ahora voluntariamente a otra operación, se casó, pero no pudo superar el conflicto y acabó suicidándose.”
El caso es real. Lo que es mentira es que la ley de identidad de género, que será debatida en la Cámara de Diputados el próximo 30 de noviembre, proponga algo siquiera parecido a lo que hizo el Dr. Money. El dictamen aprobado por las comisiones de Legislación General y Justicia establece claramente en qué casos podrán practicarse las cirugías y tratamientos hormonales de reasignación sexual:
“Art. 11.- Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de 18 años de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, elconsentimiento informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios establecidos en el artículo 5º para la obtención del consentimiento. (…)”.
Veamos ahora qué dice el artículo 5º con relación a los menores de edad:
“Art. 5º.- Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de 18 años de edad la solicitud del trámite (…) deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de ellos/as, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los derechos del Niño y en la Ley 26.961 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.”
La decisión no la toma un médico ni los padres, sino la persona cuyo cuerpo será intervenido. Si es menor, necesitará de la autorización de sus representantes legales o de un/a juez/a. Pero nada, en ningún caso, se podrá hacer sin suconsentimiento informado.
“Ese mail se refiere al caso de los gemelos Reimer, que fue un caso de mala praxis. Money se ganó una pésima reputación al querer demostrar que tanto la identidad de género como la identidad sexual es lo mismo y que ambas son producto del aprendizaje. Con el suicidio de sus ‘sujetos de experimentación’ se cayeron todos sus presupuestos. La identidad de género no es producto del aprendizaje”, explica aTod@s Víctor Martínez Nuñez, psicólogo y profesor de la Universidad Nacional de San Luis.
De hecho, la ley de identidad de género apunta en la dirección contraria a la teoría de Money: si la identidad de género dependiera del aprendizaje, las personas travestis y transexuales, que fueron educadas de acuerdo al género asignado al nacer y recibieron toda la presión de su entorno para aceptarlo, no estarían reclamando el derecho a que se les reconozca una identidad de género diferente, autopercebida. Para que quede claro: lo que la ley en debate garantizará es el derecho de las personas trans a decidir sobre su cuerpo en base a su propia experiencia vital. Lo que hizo el doctor John Money —mutilar a un bebé que no tenía siquiera la edad para poder opinar sobre lo que estaban haciendo con él— no estaría permitido. Confundir el derecho a la identidad de género con la posibilidad de que un médico decida practicar una cirugía de reasignación sexual en un bebé es como confundir el sexo consentido entre adultos con el abuso sexual de menores practicado contra un recién nacido.
Pero ya aprendimos, durante el debate del matrimonio igualitario, como cuento acá, que cuando los fundamentalistas religiosos entran al debate, lo contaminan con mentiras. La carta que está siendo enviada por distintos internautas a los/as diputados/as, como puede verse en este linkestá basada en un texto del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, difundido en blogs vinculados al “nacionalismo católico”.
Revisar el resto del contenido de esos blogs es como una insólita travesía en el tren fantasma del viejo Italpark…