El pasado 30 de mayo, la Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto elevado por el gobernador De la Sota. El supuesto objetivo es “luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual”. La ley plantea la prohibición y clausura de todos los locales donde se realice y/o promocione el comercio sexual, pero no incluye cuestiones elementales, empezando por un plan integral de asistencia y contención a las mujeres víctimas de trata y la asignación del correspondiente presupuesto.
De ese modo demuestra ser una más de las tantas acciones cosméticas que lleva adelante el gobierno del PJ, igual que lo hace el gobierno nacional del kirchnerismo, careciendo de un debate profundo. Por otra parte, por la vía de los hechos, esta nueva ley iguala la trata de personas para explotación sexual con la prostitución ejercida en forma voluntaria, poniendo en serio riesgo los derechos de estas últimas mujeres.
Críticas de AMMAR
Las compañeras de AMMAR Córdoba (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), nucleadas en la CTA, han salido con fuerza a cuestionar esta ley. Denuncian que lo único que ocasionará esta política será una mayor clandestinización de su actividad, empujándolas a hacerlo en condiciones de mayor riesgo, persecución y criminalización policial y de las mafias. En palabras de Eugenia Aravena, su secretaria general: “Queremos dejar en claro que repudiamos enérgicamente la trata de personas. Lo que planteamos es el reconocimiento: queremos salir de la clandestinidad, trabajar con algún tipo de derecho. El cierre total de los locales nocturnos implica que se acrecienten las mafias porque va a estar todo oculto”.
Desde el MST y el Frente Cívico defendemos los derechos que reclaman las compañeras. Es que ante la necesidad de mostrar resultados, el gobierno muchas veces muestra como “mujeres recuperadas” o “liberadas” a quienes en realidad ejercen la actividad por propia decisión. Mientras tanto, los proxenetas, explotadores y tratantes siguen libres, operando con gran impunidad. Y tampoco la policía ni la justicia avanzan un ápice en la búsqueda de las reales víctimas, como es el caso de Yamila Cuello, desaparecida hace más de dos años en nuestra ciudad.
Nuestras propuestas.
La nueva ley cordobesa es una engañosa y demagógica respuesta ante un reclamo genuino que crece y moviliza a cada vez más sectores, que es el de enfrentar y desmantelar en forma urgente y a fondo las redes de trata.Pero somos conscientes de que si dichas redes operan es porque hay una total connivencia con agentes del propio Estado, del poder político, judicial y policial, cómplices necesarios para la existencia de estas mafias. Así lo viene demostrando el caso de Marita Verón. Entonces, para enfrentar verdaderamente este flagelo, se debería implementar un plan sistemático de allana-mientos, pero no en manos de esta policía corrupta sino con control y participación popular, junto a organizaciones contra la trata, de género, de derechos humanos y de las propias meretrices.
Junto con eso, es necesaria la implementación de verdaderos servicios de asistencia legal, médica y psicológica para las víctimas de las redes de trata, con planes concretos de reinserción habitacional y laboral, acompañados de la asignación presupuestaria adecuada.
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