El trabajo forzoso, trata y esclavitud de indígenas en Sudamérica sigue siendo una realidad que hay que sacar a la luz y combatir. Nos agravia lo negro, nos abochorna lo indio y en nuestro inconsciente colectivo deseamos no tener relación con ellos. La discriminación reinante en nuestra sociedad está marcada a fuego y es una de las causas de la trata de personas y el trabajo forzoso de indígenas en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.
Según la OIT, son más de 5.000 las poblaciones indígenas estimadas a escala mundial. La mayoría de ellas se encuentra desprotegida y en riesgo de extinción. Muchas fueron desarraigadas de sus tierras ancestrales por distintos conflictos armados e intereses económicos privados. Eso sigue ocurriendo hoy.
Al despojar a las poblaciones indígenas de sus recursos de vida tradicionales deben pasar por un duro proceso de adaptación a un monstruo capitalista y un sistema económico de créditos que se devora todo a su paso. El analfabetismo, la pobreza extrema, las enfermedades y el poco contacto con otros pueblos los hace vulnerables a la violencia y explotación. La discriminación es la puerta del olvido. La explotación y venta de niños indígenas no sorprende ni indigna lo demasiado como para que las autoridades hagan algo.
¿A qué nos referimos con trabajo forzoso? Según la OIT, el trabajo forzoso de una persona tiene elementos comunes a las prácticas análogas a la esclavitud, donde un individuo o grupo colectivo se ve obligado bajo algún tipo de amenaza a trabajar para otros. La servidumbre por deudas es la situación más representativa de este caso.
Uno creería que el trabajo forzoso sexual representaría el más alto porcentaje sobre el total de los casos, pero constituye entre un 11 y un 15%. El trabajo forzoso agrario y ganadero representa más del 60% de los casos, siendo los hombres jóvenes y adolescentes las víctimas más cotizadas.
Entre las formas más modernas de explotación, la dirigida a zonas transfronterizas sobre inmigrantes indocumentados es la más preocupante. La realización forzada de horas extras bajo amenazas de despido, las condiciones de insalubridad y los bajos salarios son un flagelo común muy poco denunciado. Mendicidad obligatoria y narcotráfico están relacionados al crimen organizado y a las asociaciones ilícitas que aprovechan las tendencias migratorias.
El trabajo forzado es aquél obligatorio exigido bajo amenaza de pena, que en muchos casos puede ser la muerte propia o de un familiar directo, violencia física y/o penas económicas como la exigencia del pago de una deuda. La única diferencia entre ser víctima de trabajo forzoso y la esclavitud es que, en la segunda, la persona es tratada como propiedad privada, comprada a un precio por cabeza según la raza, el sexo, la edad y el aspecto físico, y es sometida a violencia y abusos sexuales. La diferencia es solo teórica. En la práctica el trato hacia la víctima es muchas veces el mismo, sólo que en el trabajo forzoso la víctima ingresa voluntariamente -engañada, pero voluntariamente- y es libre de irse al saldar la deuda. En la esclavitud, la persona es propiedad de quien la compra y es raptada para tal fin. Estas formas de esclavitud perduran hasta hoy en el sistema capitalista, que por su propia naturaleza explotadora y opresora no las combate.
La trata de personas es en el mundo el tercer negocio ilegal en cuanto a ingresos, después del tráfico de armas y del narcotráfico. Muchas veces esos tres negocios ilegales están relacionados. Se han visto casos de compra de niños y adolescentes para campos madereros cuya finalidad era el lavado de dinero del narcotráfico.
Son los gobiernos discriminadores, con sus políticas pseudo-progresistas, los que acorralan a sectores de la sociedad convirtiéndolos en marginadas y vulnerables a estos tipos de explotación. A estas comunidades los gobiernos deberían brindarles ayuda económica, educativa y de salud, sin imposiciones, para que no pierdan sus derechos culturales y puedan mantenerse de acuerdo a su manera tradicional.
El trabajo forzoso debe ser debidamente tipificado como delito grave, tal como se establece en los Convenios de la OIT con relación a estos temas. El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio debe ser objeto de sanciones penales. Aunque en casi todo el mundo el trabajo forzoso se reconoce como delito grave, prácticamente no se registran acciones en la justicia. Es que resulta muy difícil denunciar cuando la víctima le teme a las autoridades, es analfabeta, casi ni habla la lengua oficial y además de indocumentada se encuentra atrapada muy lejos de su lugar de origen y a menudo lejos de alguna localidad.
Se debe sancionar a los autores de estos delitos con todo el peso de la ley y asistir a las víctimas mediante programas de contención y protección, de rehabilitación apropiada tanto física como psicológica y de reinserción social, habitacional y laboral.
Solamente nosotros, los trabajadores unidos a los sectores populares, podemos luchar consecuentemente y terminar con la trata de personas en todas sus formas. Contribución extractada de una investigación en defensa de los pueblos originarios latinoamericanos, publicada en 2007.
*Contribución extractada de una investigación en defensa de los pueblos originarios latinoamericanos, publicada en 2007.
Vilma Ripoll contra las redes de trata - Setiembre 2011 -
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